El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) aumentó significativamente los montos de las recompensas pecuniarias o monetarias que ofrece por la captura o información crucial para conseguirla, de los tres principales jefes de la dictadura de Venezuela, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el jefe de las fuerzas armadas.
Probablemente esa información alivió emocionalmente a la gente democrática de Venezuela, que debe haber sentido una gran frustración por la imposición de la continuidad de la dictadura bolivariana, el pasado viernes 10 de enero. Las recompensas monetarias ofrecidas por el gobierno estadounidense son de 25 millones de dólares por Maduro y Cabello, y 15 millones por el general Padrino.
Pero, ¿son eficaces esas ofertas de recompensas en dinero por la captura de dictadores y tiranos políticos?
La verdad es que las ofertas de recompensas han funcionado en casos de capos narcotraficantes y terroristas internacionales de alto rango, pero no necesariamente con individuos dictadores en ejercicio del poder.
Las autoridades estadounidenses ofrecieron una jugosa recompensa por la captura —o información valiosa para lograrla— del célebre narcotraficante mexicano e internacional Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. La oferta funcionó y ahora “el Chapo” Guzmán cumple condena de prisión perpetua en una cárcel del estado de Colorado. Fue capturado como resultado de operaciones conjuntas de fuerzas mexicano-estadounidenses, pero los datos de informantes pagados fueron casi determinantes para su apresamiento.
Otros casos de poderosos jefes narcos por cuya captura o localización se ofrecieron jugosas recompensas, y dieron resultado, han sido los del también mexicano Miguel Ángel Caro Quintero, exlíder del Cártel de Sonora; y del narco criminal colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien además formaba parte de la banda guerrillera Ejército Popular de Liberación (EPL).
También por el superterrorista internacional Osama bin Laden, EE. UU. ofreció recompensas millonarias en dólares que contribuyeron a localizarlo en una de sus guaridas en Afganistán, donde fue capturado y luego liquidado por las fuerzas de seguridad norteamericanas.
Sin embargo, el único caso hasta ahora de un gobernante criminal por cuya captura EE. UU. ofreció una recompensa monetaria, y fue capturado, ha sido el del general Manuel Antonio Noriega, de Panamá, quien además de ser un dictador militar estaba involucrado en el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, Noriega fue capturado solo después de que el Ejército de EE. UU. invadió Panamá a fines de 1989.
De acuerdo con un estudio del medio internacional PanAm Post, “en total, el Departamento de Estado (de EE. UU.) ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas, según cifras oficiales, a través del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés). De manera que sí, en muchos casos ofrecer dinero a cambio de información es efectivo para capturar a los criminales más buscados dentro y fuera de Estados Unidos”.
Pero en el caso de dictadores criminales, evidentemente es mucho más difícil que funcionen las ofertas de recompensa por su captura o eliminación; ya sea porque se mueven con extremo cuidado, porque son protegidos por eficientes cuerpos de seguridad, o porque solo viajan a países donde no se les puede detener. Además de que son protegidos por inmunidad diplomática habida cuenta de que los Estados que desgobiernan son reconocidos por las Naciones Unidas.
A estas alturas del tiempo y del progreso humano, los cambios de gobernantes deberían lograrse solo y siempre por medios pacíficos, como las elecciones. Pero eso no lo permiten los dictadores y tiranos absolutistas que se aferran al poder con la pretensión de apropiárselo para toda su vida.
