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El Obispado de la Diócesis de Danlí, Honduras, nombró como párrocos a los sacerdotes nicaragüenses José Miguel Figueroa y Jaime Iván Montecinos Sauceda, y como vicario parroquial al padre Fernando Calero Rodríguez. Los tres sacerdotes forman parte de los 146 sacerdotes que el régimen Ortega Murillo desterró entre 2023 y 2024.
A través de un comunicado divulgado el pasado 2 de enero de 2025, en el marco del octavo aniversario de la creación de la Diócesis de Danlí, se informó del nombramiento de cuatro nuevos párrocos, entre ellos al padre José Miguel Figueroa, quien estará a cargo de la parroquia San Lucas Evangelista; mientras que el padre Jaime Montecinos administrará la parroquia San Isidro Labrador.
Además, el Obispado de Danlí nombró a cuatro vicarios, entre ellos al sacerdote Fernando Calero, quien será vicario en la Parroquia Santa María de Suyapa.
Sacerdotes desterrados
Los tres sacerdotes fueron desterrados por el régimen Ortega Murillo en diferentes momentos. El padre Jaime Montecinos era párroco de la iglesia San Juan Pablo Segundo, de Sébaco, Diócesis de Matagalpa. La Policía lo secuestró el 23 de mayo de 2023 a las 9:00 de la noche y aseguró que la detención del religioso se debió a que «cometió actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación de la nación», delitos que suele imputar el régimen a críticos, religiosos y opositores.
El 14 de febrero de 2024, la dictadura arrestó al sacerdote José Miguel Figueroa y posteriormente lo expulsó junto a otros religiosos.
En el caso del sacerdote Fernando Calero, quien administraba la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Rancho Grande, Matagalpa, la Policía lo arrestó el 28 de diciembre de 2023 cuando se dirigía a una comunidad en labor pastoral.
971 ataques contra la Iglesia entre 2018 y 2024
Según la sexta entrega del informe «Nicaragua, una Iglesia perseguida«, de la abogada Martha Patricia Molina, entre abril de 2018 y diciembre de 2024 se registraron 971 ataques contra la Iglesia católica.
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Del total de hostilidades, 321 se registraron en 2023 y 177 entre enero y diciembre de 2024. Molina señaló que la disminución de ataques registrados este año en comparación con el anterior se debe al temor de los religiosos y laicos de denunciar los abusos.
