Lo menos que se puede decir críticamente de las nuevas leyes financieras dictadas por el régimen es que son inconsultas y autoritarias.
Dictadas decimos, no aprobadas, porque son leyes impuestas desde arriba, autoritariamente. No son aprobadas mediante un procedimiento normal de discusión y consultas previas con participación ante todo de las personas e instituciones interesadas, y conocimiento de todas las que de manera directa o indirecta serán afectadas positiva o negativamente por la aplicación de dichas leyes.
Según han dicho los que pueden hablar por el régimen en su poder legislativo, el objetivo de las nuevas leyes es “garantizar la estabilidad del Sistema Monetario y Financiero y regular el correcto funcionamiento de los grupos e instituciones financieras bancarias y no bancarias y otras instituciones vinculadas al sistema financiero” (El 19 Digital, sábado 28 de diciembre de 2024).
Pero si tal es el propósito, ¿por qué, entonces, no se ha consultado a los principales agentes del Sistema Financiero, que son los bancos privados, ni a los usuarios de los servicios bancarios cuyos negocios empresariales y actividades personales dependen de su buen funcionamiento?
La información oficial se ufana de que todos los miembros del poder legislativo del régimen han aprobado esas leyes de manera unánime. Pero la verdad es que todos ellos, incluyendo a los que no son miembros del FSLN, se distinguen por no tener opiniones propias y mucho menos críticas y discrepantes. Ellos aprueban servilmente todo lo que desde arriba les ordenan que deben aprobar.
Además, y sobre todo, ¿dónde están las opiniones y aportes de los representantes de los bancos privados que constituyen el cuerpo y alma del Sistema Financiero nacional? ¿Y por qué tanta rapidez y sigilo en su imposición?
El sigilo bancario se refiere expresamente al ámbito de las relaciones de las instituciones financieras con sus clientes, se trata de la obligación de confidencialidad de los bancos sobre las informaciones privadas que les proporcionan los usuarios de los servicios bancarios. Pero en lo que se refiere a las regulaciones de las instituciones financieras por el Estado mediante las leyes que son de obligatorio cumplimiento para todas las personas, en esto no puede ni debe haber sigilo ni confidencialidad sino la más amplia información y mayor transparencia.
Las leyes, para ser legítimas no deben ser simplemente dictadas por un poder superior y aprobadas por los diputados. Para que las leyes tengan legitimidad se deben aprobar mediante un procedimiento legislativo, que no es sólo algo formal y técnico sino un conjunto de “reglas procedimentales (que) prevean y garanticen la intervención y participación de los ciudadanos interesados”. Así lo explica la experta española en derecho de legislación, doctora María Asunción García Martínez, en su obra académica El procedimiento legislativo; en la cual sostiene que esa es la garantía jurídica indispensable de que los ciudadanos “en sus relaciones con los poderes públicos conocen, o pueden conocer, las reglas concretas a través de las que tienen forzosamente que actuar…”
Esto significa que la regla de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, se debe sustentar necesariamente en el hecho de que los ciudadanos participen directa o indirectamente en su aprobación. Y que, en todo caso, hayan sido debidamente informados sobre el contenido, propósito y consecuencias de las leyes.
Por supuesto que eso es en un país donde hay Estado de derecho, no en uno de régimen autoritario como es el caso de Nicaragua. Aquí, esa clase de leyes —que Enmanuel Kant calificó como “patológicas”— se acatan no por la conciencia del deber ciudadano, sino por temor al castigo y miedo a la represión.
Es el concepto marxista del Estado, de que no es la expresión institucional de la voluntad general de los ciudadanos, cuyos intereses y necesidades representa y defiende, sino un aparato burocrático represivo, militar, policial y judicial, al servicio del grupo político dominante y los individuos o familias que detentan el poder.
