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El próximo 6 de enero se cumplirán dos años desde que el gobierno de Joe Biden decidió ampliar el programa humanitario parole para nicaragüenses, cubanos y haitianos. Desde entonces, este beneficio migratorio no solo ha permitido que miles de migrantes lleguen a Estados Unidos de manera regular, sino que también ha enfrentado momentos clave y se ha convertido en el centro de controversias políticas. El presidente electo Donald Trump amenazó con eliminar el programa una vez asuma la Presidencia.
Inicialmente el programa estaba vigente para ciudadanos de Venezuela. Sin embargo en enero de 2023, cuando sucedió la ampliación a las otras nacionalidades, la Administración Biden estableció una cuota mensual de 30 mil migrantes para que ingresaran de los cuatro países. El principal requisito para aplicar al parole es conseguir un patrocinador que se encuentre legalmente en EE. UU. y que pueda asumir ciertas responsabilidades con las personas que pide.
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De enero 2023 a octubre 2024, según datos publicados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), un total de 531,620 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) recibieron la aprobación del parole.
Sin embargo, el programa no ha estado exento de controversias.
Biden extendió el beneficio a tres países
«Si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua, Venezuela o Haití o ya ha comenzado su viaje a Estados Unidos, simplemente no se presente en la frontera. Permanezca donde esté y haga la solicitud (de ingreso) legalmente desde allí», tras este llamado, el presidente Biden anunció el 5 de enero de 2023 que la frontera sur de EE. UU. estaba cerrada y la extensión del parole humanitario.
Desde ese momento el gobierno norteamericano creó este sistema de parole humanitario para frenar la llegada de migrantes de los cuatro países a la frontera sur y alentar la migración regular. Originalmente, el programa otorgaba 24,000 visas anuales a venezolanos desde octubre de 2022, para que pudieran vivir y trabajar legalmente por dos años en territorio estadounidense.
Con la extensión a las otras tres nacionalidades, el Departamento Nacional de Seguridad de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) advirtió en que lo migrantes que sean detenidos tratando de entrar ilegalmente a México y a Panamá no serían elegibles para participar en el programa.
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«La decisión arrancó en otoño de 2022 de implementarlo como un programa piloto para venezolanos», recordó Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef).
Demanda judicial en contra del parole
En menos de 15 días de haber sido extendido el parole, el 24 de enero, veinte Estados republicanos presentaron una demanda en su contra en la Corte de Distrito del Sur de Texas. En la demanda solicitaron al juez federal que detuviese el programa, alegando que es una violación de la ley federal de inmigración, una extralimitación del Poder Ejecutivo y que el programa no cumple las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
El estado Florida encabezó la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su liderazgo encabezado por el secretario Alejandro Mayorkas. Los otros fiscales generales de los estados que demandaron fueron Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming.
La coalición de estados alegó en su demanda que la política de patrocinio amplía ilegalmente el alcance de la autoridad de libertad condicional, que argumentaron solo puede usarse en casos extraordinarios.
«Los estados demandantes… enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados», indicaba la demanda.
El 1 de marzo de 2023, el juez Drew B. Tipton —designado por Donald Trump y quien en el pasado ha fallado en contra de las políticas migratorias de la Administración Biden— decidió que el parole humanitario no fuera congelado hasta que la Corte de este país tome una decisión final. La decisión del juez Tipton se dio días antes de la primera audiencia en la Corte de Distrito del sur de Texas, que se celebró finalmente en agosto.
En agosto, durante dos días, el 24 y 25, el juez Tipton en un tribunal federal en Victoria, Texas, escuchó los alegatos de los demandados y demandantes en contra del parole humanitario. Durante la audiencia, el juez cuestionó a la abogada del Departamento de Justicia si vivir en la pobreza era considerada una necesidad humanitaria urgente y también cuestionó las afirmaciones de los demandantes quienes plantearon que el Estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de migrantes con permisos humanitarios.
«En los últimos seis meses ustedes han gastado menos en personas de esos países», dijo Tipton a los abogados de Texas, por lo que los demandantes deberán comprobar dichas pérdidas financieras.
A finales de agosto, el Tribunal Federal en Victoria, Texas, emitió una orden en la que establecía que el pasado 29 de septiembre las partes deberían presentar las propuestas de Hecho y Conclusiones de Derecho con citas al expediente del juicio; y posterior el 27 de octubre se conocerían los alegatos finales a favor o en contra del parole.
Suspensión de autorizaciones de viaje
A mediados de julio de este año, la Administración Biden decidió suspender temporalmente por precaución las aprobaciones de viaje del programa del parole humanitario, tras indicios de fraude en las solicitudes de los patrocinadores de los solicitantes.
Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habría dejado de emitir autorizaciones de viaje a los venezolanos el 6 de julio y autorizaciones para las tres nacionalidades restantes el 18 de julio; la situación fue dada a conocer a inicios de agosto pasado.
La Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional presentó un informe en el que reveló que encontró que los formularios de quienes solicitaron el programa incluían números de seguro social, direcciones y números de teléfono que se utilizaron cientos de veces en algunos casos.
En ese momento, aunque la suspensión era para nuevas solicitudes, muchos migrantes incluidos nicaragüenses no lograron viajar a EE. UU. pese a contar con una Autorización de Viaje Por Adelantado (ATA, por sus siglas en inglés) válida; en otros caso el permiso fue revocado o las aerolíneas impedían el abordaje.
Funcionarios del DHS confirmaron a LA PRENSA que efectivamente algunos beneficiarios han sido notificados de la revocación de su autorización de viaje, sin embargo, recalcaron que los que cuenten con el permiso sí pueden viajar. «Estamos al tanto de los informes de algunos lugares en los que a las personas con autorización de viaje anticipada aprobada no se les permitió viajar. Las personas con autorizaciones aprobadas pueden viajar. CBP ha estado trabajando con las partes interesadas, incluidas las aerolíneas, para proporcionar actualizaciones y seguiremos haciéndolo», indicó uno de los funcionarios.
El 29 de agosto, el DHS reinició las autorizaciones de viaje, asegurando según un comunicado, que se ejercerá un mayor escrutinio en las solicitudes para evitar que ocurran fraudes en el proceso. Como parte del proceso riguroso los patrocinadores deben presentar sus huellas dactilares, someterse a mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales junto a una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos.
No se extenderá estadía de los dos años
A inicios de octubre, el DHS confirmó que la administración de Joe Biden no extenderá la estadía para nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos que llegaron con el parole humanitario, es decir que una vez se cumplan los dos años de vigencia del beneficio, el migrante debe abandonar el país, si no optó a otro beneficio migratorio como someter su caso de asilo, reunificación familiar entre otros.
«Como se indicó inicialmente en los avisos del Registro Federal, una concesión de libertad condicional bajo estos procesos era por un período temporal de hasta dos años. Este período de dos años tenía como objetivo permitir a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a los Estados Unidos», indicó el DHS a este Diario.
LA PRENSA/ARCHIVO
El beneficiario debe salir de los Estados Unidos antes de la expiración de su período de libertad condicional autorizado de lo contrario puede ser colocado en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional.
A pesar de que no se extendió el período de estadía, los ciudadanos de estos países que no hayan aplicado anterior al parole pueden someter sus solicitudes dado a que sigue vigente. «El programa de libertad condicional no termina. Lo que termina en enero de 2025 son los dos años de libertad condicional para quienes llegaron en enero de 2023», aclaró una funcionaria del DHS.
Es importante aclarar que las personas que aplicaron en enero de 2023 no pueden solicitar una nueva libertad condicional, conocido como ‘reparole’.
Amenaza de eliminar el programa
El presidente electo, Donald Trump, prometió durante su campaña política que una vez retorne a la Presidencia no solo replicará el modelo de deportación de 1954, conocido como Operación Espalda Mojada, cuando la administración del gobierno de Dwight D. Eisenhower ordenó agrupar a más de un millón de mexicanos en la frontera sur para expulsarlos sin el proceso debido.
También el expresidente republicano aseguró que eliminará inmediatamente los programas de asistencia migratoria que bajo la Administración Biden se han puesto en marcha. En septiembre Trump escribió en su red social X, que, «como presidente, pondré fin de inmediato a la invasión de migrantes en Estados Unidos».
Sentenció que «detendremos todos los vuelos de migrantes, pondremos fin a todas las entradas ilegales, cancelaremos la aplicación de teléfono de Kamala para el contrabando de inmigrantes ilegales (CBP One App), revocaremos la inmunidad ante la deportación, suspenderemos el reasentamiento de refugiados y devolveremos a los inmigrantes ilegales de Kamala a sus países de origen (también conocido como remigración)».
El experto Rocha no duda de que así como «la campaña (de Trump) se basó en la rescisión de alivio migratorio temporal o humanitario para programas como el parole. Su equipo de transición ha reiterado que esa será prioritario en la nueva política migratoria de su administración. No hay nada que haga pensar que no cumplirán».
Lo anterior, indicó, causa una gran preocupación a las comunidades migrantes debido al escenario incierto que se podrá palpar una vez Trump implemente sus políticas migratorias.
