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En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), inició una investigación, audiencia y solicitud de comentarios públicos de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 que denominó: “Actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”.
Durante los últimos años un sin número de voces de la oposición nicaragüense, centros de pensamiento como Dialogo Interamericano y entidades de derechos humanos y políticos, expresaron que por las múltiples violaciones a los derechos humanos y laborales cometidas por la dictadura Ortega Murillo, era necesario revisar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).
En ediciones anteriores de este boletín hemos expuesto que en más de cuarenta recomendaciones de organismos internacionales han planteado esta petición, sin encontrar eco entre los Estados. Incluso, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estado Unidos, sugirieron incluir en las evaluaciones de las relaciones comerciales con Nicaragua, el impacto de las violaciones a los derechos humanos, y exponer estas violaciones en el marco del DR-Cafta, para reevaluar los beneficios de Nicaragua bajo el acuerdo comercial.
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Por ello, ahora aplaudimos la decisión de la USTR de abrir esta investigación que da respuesta a esos pedimentos y recomendaciones, pero también por el significado sin precedentes que esta supone.
Investigación sin precedentes
Es la primera vez que una investigación de este tipo tiene un ámbito tan extenso. Hasta ahora han sido puntuales, así lo reflejan los casos de: la madera china, las grandes aeronaves civiles de la UE o la carne vacuna de la UE. La de Nicaragua no está vinculada a un solo producto o mercancía, incluye derechos laborales, derechos humanos y el Estado de derecho. El mensaje es alto y claro.
Es que ya no es momento de desviar la mirada, ignorar o aparentar que no pasa nada y menos aún justificar, como lo hacen el Fondo Monetario Internacional (FMI), Standard & Poor’s y otras agencias calificadoras, que presentan datos macroeconómicos “aceptables” sin importar el costo que se paga en materia de derechos humanos y políticos, cuyas violaciones incluyen como lo señala la USTR: ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia contra miembros de grupos marginados.
Por la gravedad de esas violaciones no compartimos la declaración del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de Estados Unidos (NCTO, por sus siglas en inglés), que tras conocer la apertura de la investigación de la USTR condenó “enérgicamente las acciones del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, pero pidió que el resultado del proceso no afecte al sector textil. Es decir, la condena es de la boca hacia afuera.
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El NCTO argumenta que no se puede arriesgar el intercambio comercial de 350 millones de dólares entre la industria textil de Estados Unidos y Nicaragua, ni los 1,500 millones de dólares en comercio total de insumos textiles en la cadena de coproducción entre Estados Unidos, Nicaragua y el resto de países de la región DR-Cafta. Además, trata de meter miedo señalando que la imposición de aranceles al comercio de textiles beneficiaría a China.
Apoyar investigación de la USTR
Pero no menciona que China ya está en Nicaragua y que los Ortega Murillo están hipotecando el país a su favor. Tampoco le preocupa la “exportación” del capital humano, que desde 2018 ha provocado la migración de casi el 15 % de la población, ni el incremento de las remesas de mil a cinco mil millones de dólares y ni hablar del resto de violaciones.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), llamamos a la UE para que abra una investigación similar en el caso del AdA, sobre todo porque ese tratado tiene cláusulas de derechos humanos que se violan en Nicaragua.
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Le pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al GHREN que trabajen coordinadamente en esta investigación y presenten la información que han recopilado. Nosotros junto a otros grupos de la oposición, haremos lo propio apoyando de manera proactiva el desarrollo de la investigación.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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