La gente que vive en países dominados por tiranías y dictaduras, pero quiere vivir en libertad y democracia, confía en la justicia internacional como último recurso para alcanzar sus dignas aspiraciones.
En algunos de esos países, como Venezuela, la gente ha hecho uso de todas las formas de lucha para liberarse, desde manifestaciones pacíficas y participaciones electorales en condiciones desventajosas, hasta acciones de fuerza y violentas. Pero ninguna ha funcionado.
Ahora la gente democrática venezolana espera que ocurra un milagro y que el próximo 10 de enero pueda tomar posesión el presidente electo Edmundo González Urrutia, quien derrotó ampliamente al dictador Nicolás Maduro en las elecciones del 25 de julio.
Pero en política puede ocurrir cualquier cosa, menos los milagros. De manera que las esperanzas están cifradas en la justicia penal internacional, que desde hace tres años abrió un proceso de investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro durante las protestas populares de 2014 y 2017.
Se trata de delitos de extrema gravedad, como detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, persecución y represión contra personas opositoras y menores de edad, etc. Las denuncias presentadas ante la CPI fueron debidamente documentadas por la OEA y diversos organismos no gubernamentales.
Pero la Fiscalía de la CPI no ha actuado con la diligencia que el caso amerita, según el editorial del diario El Nacional, de Venezuela, del martes 17 de diciembre, que denuncia la sospechosa lentitud del fiscal general de la CPI, Karim Khan.
Recuerda el editorial de El Nacional que “la Corte Penal Internacional fue creada después de muchas décadas de enormes esfuerzos con el fin de sancionar y prevenir los crímenes internacionales más horrendos que afectan, como lo dice su Estatuto, la conciencia de la humanidad. Entre ellos, los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela en forma continuada desde por lo menos 2014, como lo ha reconocido su Fiscalía”.
Sin embargo, “en la situación que examina la Corte sobre Venezuela ha habido un retardo injustificado que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la Fiscalía. Se ha planteado la recusación del fiscal, cuya cuñada es parte del equipo jurídico del Estado venezolano, por supuesto conflicto de intereses con lo que examina en estos momentos la Sala de Apelaciones”.
Inclusive, uno de los asesores de la Fiscalía, el abogado Claudio Grossman, renunció a su cargo “por considerar injustificado el retardo procesal, en concreto, la falta de acción que le corresponde al fiscal después de ser autorizado en marzo de este año a continuar la investigación, a emitir órdenes de comparecencia y las de detención que estime conveniente, de los presuntos responsables de los crímenes cometidos en el país…”
Al respecto el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martin Tortabuy, escribe en el mismo periódico venezolano que “la comunidad internacional democrática no debe sucumbir a la trampa de la normalización del horror que pretenden quienes han cometido graves crímenes contra el pueblo venezolano. Nicolás Maduro y su cúpula han infligido un daño profundo, y permitir la impunidad de esos delitos sería una traición a las víctimas y a los principios de justicia universal. Por ello, los Estados, la ONU, la OEA y otras organizaciones internacionales tienen el deber moral y político de apoyar activamente el avance de los procedimientos en curso ante la Corte Penal Internacional”.
Pero la realidad es que la justicia penal internacional no funciona como debería hacerlo. Como dice el editorial de El Nacional, está en crisis por “las omisiones de los órganos que deben actuar para proteger a una población sometida”, como la venezolana.
Pero también la nicaragüense, la cubana y la de tantos otros países donde imperan dictaduras que no respetan ni los más elementales derechos humanos, y se mantienen en el poder por medio de la fuerza bruta y la represión policial.
