Mientras el régimen de Daniel Ortega mantiene el gasto de inversión de Salud y Educación con un grave nivel de subejecución presupuestaria, la Policía encabeza la lista de las instituciones más eficientes en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), que hasta septiembre de este año había alcanzado el 59.1 por ciento de avance.
Por años el Ministerio de Transporte e Infraestructura encabezó la lista de las entidades más eficientes, seguido de las transferencias municipales. Sin embargo, ahora la Policía orteguista desplazó a ambos y hasta septiembre ya había gastado el 81.7 por ciento de su asignación para inversión, que incluye la construcción o remodelamiento de estaciones policiales.
A la Policía se le dio este año 321.4 millones de córdobas en su plan de inversión, de los cuales solo tenía pendientes gastar 58.8 millones, por lo que el régimen de Ortega posiblemente le asigne más recursos en el último tramo del año en una eventual reforma presupuestaria.
La Policía ha sido el principal brazo de represión de la dictadura, a la que ha dado poder para secuestrar a ciudadanos que considere opositores políticos. Organismos de derechos humanos señalan a la Policía de cometer torturas y abusos contra los ciudadanos en sus cárceles.
En el 2020, el Departamento del Tesoro sancionó a la Policía orteguista por su papel en importantes actos de violencia, incluyendo “el uso de munición real contra manifestantes pacíficos y la participación en escuadrones de la muerte, así como la realización de asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.
En ese momento, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, escribió en Twitter que “las sanciones contra la Policía Nacional de Nicaragua y tres comisionados apuntan a una de las principales herramientas que utiliza el régimen de (Daniel) Ortega para reprimir violentamente a la gente de Nicaragua”.
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Y aunque la dictadura asegura que el gasto presupuestario prioriza la lucha contra la pobreza, lo cierto es que el Ministerio de Salud y el de Educación arrastran un grave problema de subejecución en su asignación para inversión, que abarca escuelas y centros de salud.
Graves dificultades en carteras claves
El Ministerio de Educación tiene asignado para este año 1,300.7 millones de córdobas, de los cuales solo había gastado hasta septiembre 640.7 millones, es decir menos de la mitad, por lo que tenía pendiente 660 millones en los últimos tres meses del año.
Pero el desempeño del Ministerio de Salud es aún más alarmante. De los 4,441.2 millones de córdobas asignados, solo había gastado 829.6 millones, lo que refleja una ejecución de apenas 18.7 por ciento. En tres meses, esta cartera tenía pendiente de ejecutar 3,611.6 millones de córdobas, algo que resultará difícil conseguirlo.
El Ministerio de Hacienda en su informe de ejecución presupuestaria hasta septiembre no explica a qué se debe la subejecución en el gasto de Salud y Educación, pero indica que a nivel general el PIP que se financia con recursos externos registra un menor desempeño, pues alcanza 54.5 por ciento del presupuesto anual actualizado y es mayor 3.4 por ciento en relación con lo observado en el mismo período 2023.
“No obstante, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural, y Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios muestran reducciones en la ejecución de estos recursos externos, que contrarrestan los incrementos anteriores”, señala el reporte.
En el caso del Ministerio de Transporte, que tiene la asignación más grande dentro del Programa de Inversión Pública con 13,444.9 millones de córdobas, hasta el penúltimo trimestre del año había ejecutado 79.3 por ciento, lo que refleja que con facilidad podrá gastar los 2,778.1 millones pendientes.
Las Transferencias Municipales con un monto asignado de 9,163.3 millones de córdobas, el 77.4 por ciento ya había sido entregado a las alcaldías, pero tenía pendiente 2,071.1 millones.
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