Así han perdido autonomía las comunidades indígenas
Así han perdido autonomía las comunidades indígenas
Ataques armados, concesiones ilegales que destruyen sus selvas y contaminan sus ríos: todo esto ha sufrido la Costa Caribe de Nicaragua desde que en 1987 se promulgó la ley que consagra su derecho a ser autónomos
Hay una frase que se repite en las entrevistas realizadas para esta publicación: “creímos que con el final de la guerra todo iba a cambiar en la Costa”. Lo dice una defensora de derechos humanos afrodescendiente, lo repite un líder miskito que se resiste a dejar su tierra, y también lo menciona con amargura un activista político desde el exilio.
Sin embargo, las cosas no cambiaron mucho desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1987. Los pasos necesarios para gobernar soberanamente la región y garantizar que sus habitantes sintieran que sus tierras, su lengua y sus tradiciones estaban protegidas nunca se concretaron. Durante las siguientes tres décadas, la autonomía de la región se debilitó progresivamente.
En la década de 1990 ya se registraron intentos de debilitar la autonomía de la Costa Caribe. Entre 1990 y 1996 se reportaron las primeras invasiones de colonos en la zona del Caribe Norte. Además, hubo explotación de recursos naturales, como la madera, bajo la indiferencia de las autoridades, que poco hicieron para detener a los invasores.
En 1997, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, se intentó por primera vez modificar la Ley de Autonomía. El objetivo era limitar la participación de los Consejos Regionales de las comunidades indígenas en los procesos políticos. Aunque esta propuesta no se implementó de inmediato, fue la primera señal de que el gobierno central buscaba debilitar el control autónomo de la región.
Poco a poco, las comunidades quedaron desprotegidas y sus estructuras de autogobierno se fueron erosionando, sentando las bases para un proceso de pérdida de autonomía que se aceleraría con el regreso de Daniel Ortega al poder.
Awas Tingni: Un caso emblemático
En 1995, el gobierno de Nicaragua otorgó una concesión maderera a la empresa surcoreana Sol del Caribe S.A. para explotar los bosques de la comunidad Awas Tingni, habitada mayoritariamente por indígenas mayagnas. Este acto, realizado sin consultar a la comunidad, violó sus derechos territoriales.
En respuesta, los habitantes denunciaron al Estado nicaragüense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 dictaminó a favor de la comunidad en un fallo histórico. Este fallo sentó precedentes internacionales sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Obligaciones del Estado
La Corte ordenó al Estado demarcar, delimitar y titular los territorios de Awas Tingni. Además, se estableció que no se otorgarían concesiones sin consulta y consentimiento de las comunidades afectadas. Sin embargo, el Estado tardó más de una década en cumplir el fallo, y no fue hasta 2008 que se entregó el título de propiedad a la comunidad.
A pesar de este logro, las invasiones y los desplazamientos forzados continúan afectando a otras comunidades, como Mayagna Sauni As y Wangki Ki Aubra, que han sufrido ataques armados.
“Nosotros no vamos a dejar de defender nuestras tierras. El gobierno de Managua debe saber que estamos dispuestos a morir por ellas”, afirmó un defensor de derechos humanos que vive a orillas del río Coco.
Ejemplos de cómo el régimen Ortega-Murillo anuló la autonomía de la Costa Caribe
La Costa Caribe representa la mitad del territorio de Nicaragua. Por ello, no sorprende que la ocupación ilegal de tierras, a menudo mediante concesiones otorgadas sin consulta ni consentimiento de las comunidades locales, sea uno de los mayores problemas que enfrentan sus habitantes.
Concesión canalera
La Costa Caribe representa la mitad del territorio de Nicaragua. Por ello, no sorprende que la ocupación ilegal de tierras, a menudo mediante concesiones otorgadas sin consulta ni consentimiento de las comunidades locales, sea uno de los mayores problemas que enfrentan sus habitantes.
Exclusión de autoridades regionales
Lo que comenzó el expresidente Arnoldo Alemán, lo completó Daniel Ortega. Desde 2014, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha impuesto candidatos afines a los intereses del gobierno central, debilitando la representatividad de los consejos y limitando su independencia.
Opresión lingüística
Aunque la ley establece el respeto y la promoción de las lenguas locales, la educación se imparte mayoritariamente en español. Esto afecta especialmente a los niños indígenas que, al enfrentarse a clases en una lengua que no dominan, ven comprometido su aprendizaje.
Proyectos extractivistas
Sin respetar las leyes que protegen los territorios, ríos y mares de la región, el gobierno ha otorgado concesiones mineras, madereras y de pesca industrial a empresas nacionales y extranjeras. Desde 2016, estas concesiones han proliferado en territorios mayagnas, especialmente en la reserva de biosfera Bosawas.
Eliminación política
En octubre de 2023, el partido indígena YATAMA perdió su personería jurídica mediante una resolución emitida por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Los líderes de este partido, uno de los más representativos de la región, se encuentran actualmente encarcelados.
Control financiero
Desde el gobierno de Arnoldo Alemán (1990-2002), los presupuestos de las regiones autónomas han sido centralizados en Managua, limitando la capacidad de los gobiernos regionales para ejecutar proyectos.
Militarización y represión
Desde 2011 se han registrado incursiones combinadas del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional en territorios autónomos. Estas comenzaron con el supuesto objetivo de eliminar “bandas delincuenciales”, muchas de las cuales eran lideradas por excombatientes de la Resistencia Nicaragüense. En 2021, se reportaron despliegues de militares y policías para reprimir manifestaciones en comunidades indígenas.
