Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
El 21 de noviembre de 2024 Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron su modelo autoritario mediante la aprobación apresurada en primera legislatura, de una nueva Constitución que desmantela los principios democráticos y profundiza las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Esta reforma no solo normativiza las prácticas represivas, sino que refuerza un aparato estatal diseñado para garantizar el control social de la dictadura, facilitando la persecución contra toda voz crítica.
Entre los cambios destaca la creación de la Policía Voluntaria que incorpora dentro del aparato estatal a las fuerzas paramilitares que actúan como brazo represivo del régimen. Este nuevo cuerpo de seguridad, con amplias facultades, opera bajo un esquema de militarización de la seguridad pública que subordina el orden civil a intereses partidistas. Esta medida consolida el Estado policial apoyado por un Ejército dispuesto a actuar como pilar del autoritarismo.
Otro aspecto central es la concesión de facultades absolutas a Ortega y Murillo para decidir quién es ciudadano nicaragüense. Mediante una redacción ambigua la reforma les otorga la potestad de revocar la nacionalidad a opositores o disidentes, dejándolos en un estado de indefensión jurídica. Esta herramienta se suma al arsenal represivo para silenciar a quienes se atrevan a disentir.
Reforma consolida la dinastía
En el ámbito de los medios de comunicación, la reforma constitucionaliza el concepto de “noticia falsa” como mecanismo de censura. Este término, definido de manera arbitraria se utiliza para la persecución penal de periodistas y medios independientes, restringiendo la libertad de expresión. Asimismo, la criminalización de la información crítica a través de medios digitales, busca consolidar un monopolio propagandístico en manos del régimen.
La figura de “copresidencia”, que otorga a Rosario Murillo un rol equiparable al del presidente, es otro eje central de esta reforma. Con ello, se consagra la concentración del poder en un núcleo familiar, agravado con la facultad de que ellos designen a vicepresidentes, eliminando cualquier vestigio de independencia institucional y consolidando una dinastía.
Además, suprime la separación de los poderes del Estado y destruye los contrapesos esenciales para un sistema democrático. Los Ortega Murillo asumen la función de coordinadores supremos de los poderes judicial, legislativo y electoral, ahora devaluados a órganos, y se constituyen en un poder único y absoluto.
Subordina garantías individuales a los intereses políticos
Nicaragua deja de ser un Estado social de derecho para convertirse en un Estado dícese revolucionario, donde la diarquía se asigna un poder arbitrario y se considera fuente de derecho por encima de su misma Constitución y de los tratados internacionales.
La violación del principio de no regresión en materia de derechos humanos, pilar fundamental del derecho internacional, que prohíbe cualquier retroceso en el nivel de protección alcanzado, se evidencia de manera alarmante en esta reforma. Estas, derogan derechos fundamentales, limitan su contenido y establecen restricciones incompatibles con los estándares internacionales, subordinando las garantías individuales a los intereses del proyecto político de la dictadura.
Este enfoque, basado en una concepción estatalizada de paz y seguridad, contraviene el carácter indivisible, interdependiente y progresivo de los derechos humanos, erosionando el núcleo esencial de derechos que ningún Estado debe desconocer bajo ninguna circunstancia.
En el ámbito de los derechos humanos, la desvinculación de Nicaragua de los sistemas de protección universal e interamericano, al derogar la disposición que les otorgaba valor de norma constitucional a los contenidos en las principales declaraciones y tratados, pretende que los ciudadanos no puedan acogerse a su protección y asegurar impunidad, ante los tribunales nacionales, a los crímenes de lesa humanidad.
Reforma elimina el pluralismo político
Mientras que la eliminación de la prohibición de la tortura formaliza prácticas represivas como herramienta de persecución y castigo; y la pérdida de independencia del poder Judicial y de los jueces en particular, más la eliminación de buena parte de las garantías constitucionales, imposibilitan la aplicación del debido proceso, el derecho a la defensa y la protección judicial efectiva.
Por último, la inclusión de símbolos partidistas como la bandera del FSLN en la identidad oficial del Estado, refuerza la subordinación total de la institucionalidad pública al proyecto político de los Ortega.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la captura del Estado por parte de una familia con poder centralizado y absoluto, donde no se reconocen los derechos del ciudadano y se elimina el pluralismo político mediante una nueva Constitución descaradamente totalitaria, constituye una seria amenaza al sueño de una América democrática, que debe obligar a los seres libres del continente a detener el proyecto autocrático mundial de conducirnos de la civilización a la barbarie.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
Usted puede suscribirse a nuestro boletín quincenal aquí
