La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el jueves la trigésima tercera ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 83,600 detenciones.
La ampliación de la medida, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados, con lo que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
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“Los miembros de estas estructuras del crimen organizado, basadas en un esquema de organizaciones terroristas, continúan con sus prácticas criminales, como extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos que afectan la integridad física de las personas y generan violencia social”, indica el decreto aprobado.
Agrega que, a pesar de que las autoridades han dicho que “el Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos (pandillas) está completamente destruido”, resulta “imprescindible seguir combatiendo a estos grupos con la misma firmeza con la que se ha venido actuando, garantizando una defensa real y extraordinaria del Estado”.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
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Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.