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Los autores de la Constitución de Estados Unidos la concibieron como deben ser las constituciones: ordenamientos políticos para servir al hombre y proteger sus derechos; documentos no para servir al poder sino para asegurar que este sirve al hombre. Conscientes del riesgo permanente de que esto se invierta, pues quienes detentan el poder están siempre expuestos a la universal tentación de abusar de él y usarlo en función de sus intereses, sus padres fundadores idearon reglas muy novedosas para definir y limitar el poder del gobierno.
Como parte de este objetivo tuvieron que enfrascarse en la delicada ingeniería de asegurar los debidos balances entre los poderes que funcionan en las repúblicas; el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dieron así nacimiento a lo que se conoce modernamente como el sistema de pesos y contrapesos, cuyo objetivo es evitar el peligro de que uno de los poderes avasalle a los otros.
Los autores de dicha constitución, que se convertiría en modelo universal de casi todas las constituciones del mundo, tenían una obsesión: proteger a la naciente república del peligro de la tiranía y asegurar para los ciudadanos el respeto de sus derechos fundamentales. A estos añadieron un adjetivo de gran trascendencia: el de “inalienables”, es decir, no negociables, irrenunciables, por ser inherentes a la dignidad del ser humano; creados por Dios, y no por texto escrito alguno. La Constitución no los otorgaba, sino que los reconocía. Esta supremacía de los derechos individuales sobre el poder del Estado, y entre los que destacaron el de la libertad, llevaría a plasmar todo un listado de derechos civiles —como la libre expresión— junto con la sagrada potestad de elegir y deponer las autoridades a través de votaciones periódicas.
Otro importante acierto de la nueva Constitución, que es uno de los fundamentos de la legitimidad de cualquier carta magna, fue hacerla hija de un amplio consenso nacional. Su proceso de gestación demandó que sus borradores fueran discutidos a inicios de 1787 por doce de las trece legislaturas estatales y luego debatidos en la convención de Filadelfia. Allí compitieron diversas propuestas, la de Virginia y la de New Jersey que luego llegaron a un compromiso. El 17 de septiembre de 1787, 39 de los 55 delegados firmaron el nuevo documento. El texto final fue ratificado y oficializado en 1789. Muchos de los que se rehusaron a firmar se oponían a la falta de una carta de derechos, pero estos se añadieron en 1791, en diez enmiendas o incisos que se llamarían The Bill of Rights.
Otra característica de esta Constitución, que ha contribuido a más de dos siglos de relevos pacíficos en el poder y de una paz sólo una vez interrumpida por la guerra civil de 1861, ha sido su estabilidad o durabilidad, características que proporcionan una visión a largo plazo y un marco sólido y confiable. La Constitución estadounidense está vigente desde 1789 y sólo ha sufrido ligeras modificaciones o añadiduras parciales llamadas enmiendas: 17 desde la Bill of Rights y la última, la 27, propuesta en 1789 y ratificada en 1992. Lograr estas enmiendas es muy difícil: se requieren dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ser ratificada por tres cuartas partes de las legislaturas estatales. El proceso dura años.
El contraste con la actual realidad nicaragüense no puede ser mayor: durante el período de Ortega, desde 2007, han ocurrido ocho reformas, haciendo de sus constituciones papeles descartables, impredecibles, y sujetos a la voluntad omnímoda y cambiante de dos personas. La actual y nueva constitución, mal llamada reforma, fue producto de un borrador, redactado en la privacidad de la oficina de los Ortega Murillo, y luego aprobado en la Asamblea, sin mediar debate ni modificación alguna, en una sola sesión.
Más grave aún, y como muchos han señalado, su objetivo no ha sido proteger los derechos ciudadanos ni mucho menos poner limitaciones al poder. Podríamos decir que, en comparación con los principios y aspiraciones de la Constitución norteamericana, la nueva de los OrMu es como su negativo: mientras aquella se hizo para para proteger al ciudadano de la tiranía, esta se hizo para blindar al tirano de la ciudadanía.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y es el autor del libro de historia “Buscando la Tierra Prometida” (Historia de nicaragua 1492-2019) de venta en librerías locales y en Amazon, versión digital y física.
