La reforma constitucional que dio a conocer esta semana el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha causado sorpresa y conmoción en los sectores democráticos nicaragüenses.
De la misma manera han reaccionado quienes en la comunidad democrática internacional se interesan por la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua y quisieran ayudar a resolverla. Como es el caso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero nadie de dentro y fuera de Nicaragua que conozca la situación de este país, y le haya dado seguimiento al curso de los acontecimientos políticos en los últimos seis años, debería sorprenderse por la forma y contenido de esta nueva reforma constitucional orteguista, que es total aunque sea presentada falsamente como parcial y ha sido diseñada a la medida de los intereses inmediatos y los objetivos estratégicos de la dictadura bicéfala de Ortega y Murillo, que ahora será constitucionalizada.
Prácticamente todo lo que se dice en la reforma de más de 100 artículos de la Constitución y derogación de otros 38, incluyendo a los que determinan la naturaleza del sistema político, social y cultural del Estado que ahora será calificado como “revolucionario”, lo ha venido haciendo en la práctica la dictadura desde 2018. Y con mayor intensidad a partir de 2021, cuando suprimió de hecho las garantías y derechos constitucionales y humanos de los nicaragüenses y arrasó con la oposición política democrática y las organizaciones independientes de la sociedad civil.
Como es lógico, es mucho lo que se está hablando de la reforma constitucional total anunciada por el régimen orteguista, criticándola con toda razón y argumentos desde los más diversos ángulos jurídico-constitucionales, políticos, sociales e históricos. Y es mucho más lo que se podría decir, y se seguirá diciendo, para impugnarla al menos teóricamente, tema por tema y artículo por artículo, desde la perspectiva del derecho democrático y de los intereses nacionales.
En general los comentaristas aseguran que esta voltereta constitucional es para consolidar el régimen autoritario y perpetuar la dominación de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por su parte, la Secretaría General de la OEA rechaza la reforma porque “constituye un ataque flagrante contra las bases democráticas de la nación, y con ello, se cercena la posibilidad de un futuro de paz y justicia para el pueblo nicaragüense”.
Pero Ortega y Murillo no son los dueños del futuro de Nicaragua ni del destino de los nicaragüenses, aunque mucho lo deseen. Una cosa es que quieran perpetuarse en el poder, ellos y sus descendientes, y otra cosa es que lo vayan a lograr. Así como también es imposible que puedan cercenar, cortar, liquidar o impedir para siempre el futuro de libertad, democracia, paz y justicia que necesita y merece el pueblo de Nicaragua que por ahora está sometido a una dictadura totalitaria.
El régimen Ortega Murillo parece muy fuerte, por ahora, y seguramente se mantendrá durante un tiempo que no podemos determinar. Pero el orteguismo no es el fin de la historia de Nicaragua. Es solo una caída dolorosa de la nación, de las muchas que ha sufrido desde que accedió a la vida política independiente. Seguramente es la más dolorosa de todas las caídas, pero inevitablemente la historia seguirá su curso y tarde o temprano Nicaragua volverá a ser un país libre, soberano y democrático.
De lo que hay que estar claros, y seguramente la oposición nicaragüense lo tiene en cuenta desde ya, es que cuando llegue el momento el gobierno provisional que deberá sustituir a la dictadura orteguista tendrá que llamar al pueblo a una asamblea constituyente para redactar y aprobar la nueva Constitución democrática que se necesitará como herramienta para llevar a cabo la enorme y complicada reconstrucción nacional que será indispensable.
