En la historia de Nicaragua pueden contabilizarse seis persecuciones contra la Iglesia católica: la perpetrada contra el obispo Valdivieso (1549), la de Morazán, ejecutada en el país por Dionisio Herrera, (1829-1840) la de Zavala, en 1881, la de Zelaya (1893-1909), la de la Revolución sandinista (1979-1990) y la de los Ortega-Murillo, 2018 hasta nuestros días. Todas han sido muy dañinas para su labor evangelizadora, pero ninguna ha sido tan extensa, enconada y cruel, como esta última. La mejor recopilación de sus ataques la ha producido Martha Patricia Molina en sus varias ediciones de Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, accesible sin costo en internet
Un resumen apretado de su bien documentada información revela que desde 2018 la dictadura Ortega Murillo ha expulsado, apresado y desterrado a más de 248 religiosos, o a más de un tercio del total, entre ellos 156 sacerdotes, 91 monjas, y 13 pastores protestantes. Asimismo, ha suprimido y sacado del país a numerosas congregaciones religiosas, incluyendo las hermanas de la caridad, junto con centenares de ONG católicas y protestantes de beneficencia.
En su intento de callar o paralizar las labores eclesiásticas ha cerrado 22 de sus medios de comunicación —entre ellos Radio María— congelado las cuentas bancarias de las iglesias, confiscado numerosas de sus propiedades, incluyendo todas sus universidades, confiscado los fondos de retiro de los sacerdotes jubilados. También ha prohibido las procesiones y realizado innumerables ataques y profanaciones a templos y lugares de culto.
El pretexto gubernamental para este tipo de acciones es que la Iglesia fue cómplice activa del alzamiento popular de 2018 y que muchos de sus miembros conspiraran contra la paz y la estabilidad nacional. El caso de expulsión más reciente, la del obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, y cuarto obispo en ser exiliado, ilustra lo que para el gobierno es subversivo y digno del duro castigo de la expatriación. Porque su gran “crimen” fue decir que era sacrílega la acción del alcalde de Jinotega de sabotear la misa dominical con la música de los poderosos altoparlantes que instaló frente a las puertas del templo. Cabe observar que esta persecución a la comunidad católica y protestante de Nicaragua no solo continúa actualmente, sino que, comparativamente, es la más severa experimentada en toda Latinoamérica en los últimos cincuenta años.
En realidad, si se analizan los golpes que la dictadura viene dando a la Iglesia es fácil concluir que la actual persecución es inexplicable desde el punto de vista de racionalidad política. Porque, ¿qué labor política contra el gobierno o la paz podrían estar haciendo, por ejemplo, las monjitas de la caridad? ¿O la totalmente apolítica Radio María? La confiscación de los fondos de retiro de los sacerdotes ancianos es también otra instancia que más bien revela odio o afán de venganza hacia toda la institución. Al igual, también se advierte en el cierre y expulsión de organizaciones católicas y protestantes la indiferencia o crueldad de los dictadores hacia los millares de nicaragüenses, predominantemente pobres, que ellas atendían desinteresada y abnegadamente.
Congregaciones como las monjas de la caridad, que daban un servicio de amor y auxilio a centenares de niños desvalidos o problemáticos, han tenido que dejarlos en la orfandad afectiva y material. Igual son miles los que han dejado de recibir las ayudas que suministraba Cáritas con las donaciones que recibía del extranjero. Igual servía a los niños campesinos del norte del país la Fundación Padre Fabretto con sus ejemplares escuelas modelos financiadas por la generosidad de donantes norteamericanos. Ahora han quedado sin recursos y a merced de un gobierno que, si acaso llega a darle maestros, ya no buscará su formación cristiana sino indoctrinarlos en el credo narcisista de los OrMu.
Es innegable que la actual persecución constituye una violación gravísima al elemental derecho a la libertad religiosa y una tragedia. Porque lejos de ser la Iglesia una institución dañina o nefasta para los pueblos, ha sido una institución al servicio de la inigualable fe cristiana y una legión de hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas sembrando la paz, auxiliando a los humildes y defendiendo la dignidad del hombre. Se puede deducir, por tanto, que quienes la odian y atacan son personas cegadas por las insidias de su enemigo eterno.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y es el autor del libro de historia “Buscando la Tierra Prometida” (Historia de nicaragua 1492-2019) de venta en librerías locales y en Amazon, versión digital y física.
