La sesión de este miércoles 13 de noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reflejó un cambio significativo en las posturas de México, Brasil y Colombia frente al régimen Ortega Murillo y la represión que desata contra críticos, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
De los 88 países que intervinieron durante la sesión del informe que presentó el régimen, solamente 37 omitieron las violaciones a los derechos humanos de la dictadura o la respaldaron de alguna manera.
En el caso de Colombia y Brasil es la segunda vez que presentan posturas contrarias al régimen Ortega Murillo ante el Consejo. La primera vez fue durante la sesión del 10 de septiembre, cuando ambos países firmaron una declaración leída por Argentina y respaldada además por Canadá, Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú y en la que afirmaban, entre otras cosas, que el poder judicial de Nicaragua está bajo el absoluto control de la dictadura.
Según el exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Belt, estas críticas hacia la dictadura por parte de México, de Brasil que ha sido su antiguo aliado y Colombia, representan que la izquierda de Latinoamérica continúa rechazando al régimen.
Postura de México cambió con Claudia Sheinbaum
A diferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, aunque no defendía al régimen Ortega-Murillo tampoco lo señalaba, la Administración de Claudia Sheinbaum mostró una postura distinta frente a la dictadura de Nicaragua durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
México, pese a su larga trayectoria implementando la política de “no intervención en los asuntos internos de los países”, emitió recomendaciones a Nicaragua con un atenuado lenguaje diplomático. Entre otras cosas, México recomendó impulsar avances en materia de derechos sexuales, la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación. Pero también, llamó a garantizar la protección del derecho de la nacionalidad.
“Garantizar la protección del derecho a la nacionalidad y revisar los procesos y casos de pérdida de nacionalidad que conducen a la apatridia”, dijo la representante de México en el Consejo, a la vez que instó a Nicaragua a “seguir cooperando con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y colaborar con los representantes de procedimientos especiales”.
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A consideración de Belt, con la Administración Sheinbaum hay un cambio en su tradicional política de respeto a la soberanía, manifestándose ahora en favor de los derechos humanos en Nicaragua, cuestionando el despojo de la nacionalidad y haciendo referencia a la Convención Internacional sobre Derechos Humanos, sugiriendo que Nicaragua debería revisar su legislación.
“Estas declaraciones marcan una desviación notable de la postura histórica de México y reflejan un desencanto en la izquierda latinoamericana hacia el gobierno de Ortega, un fenómeno que no se veía hace dos o tres años”, señaló Belt.
Colombia mediadora
Durante la sesión, Colombia también planteó una postura diferente y se ofreció como mediador para encontrar una solución democrática a la crisis de Nicaragua, a la vez que expresó su preocupación por los derechos humanos en el país.
“Colombia ve con preocupación el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente con el cierre del espacio cívico y las barreras para la pluralidad política. Colombia reitera su disposición de actuar como mediador y continuar trabajando por la democracia en el continente”, dijo el embajador de Colombia.
Este cambio en la postura de Colombia, bajo la Administración de Gustavo Petro, podría ser una consecuencia a los insultos del dictador Daniel Ortega contra el mandatario colombiano el pasado 26 de agosto, por no aceptar los resultados del fraude electoral de Venezuela.
A consideración de especialistas, las tensiones entre Colombia y Nicaragua inciden en las negociaciones entre ambos países a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 13 de julio de 2023, pese a que Petro anunció el año pasado una negociación para garantizar los derechos de pesca de los pueblos raizales.
“Sin embargo, esta oferta de mediación es cuestionable, dado el diferendo territorial entre Colombia y Nicaragua, ya resuelto jurídicamente por la Corte Internacional de Justicia, pero que continúa en términos de negociaciones diplomáticas”, dijo Belt.
Brasil continúa su rechazo
En el caso de Brasil, fue evidente el cambio de postura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a raíz de la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua. En la sesión de este miércoles, Brasil llamó al régimen a respetar la libertad de pensamiento y poner fin a todo tipo de persecución religiosa.
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A consideración de Belt, en el caso de Brasil existe una evidente molestia del presidente Lula por la forma en que Daniel Ortega rechazó públicamente el intento de este de mediar en el conflicto con el obispo Rolando Álvarez, que fue el inicio de las tensiones.
“Recientemente, Brasil vetó la entrada de Nicaragua al Brics, una decisión significativa, ya que Brasil es miembro fundador de este grupo y tiene derecho de veto. Esto fue notorio, incluso en presencia de Maduro, lo cual subraya la postura de Brasil frente a Nicaragua”, expuso Belt.
El 26 de agosto, Ortega confirmó que rechazó una llamada de Lula da Silva, quien quería comunicarse con él para darle un mensaje del papa Francisco, tras su encuentro con el pontífice en Roma en junio pasado. De esta forma, el dictador de Nicaragua, al menos públicamente, puso fin a su amistad con Lula da Silva, misma que comenzó desde la década de 1980.