La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a cuatro presos políticos de Nicaragua por considerar que se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” por “riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.
En los casos, la CIDH alertó que las personas cercanas a los detenidos no cuentan con ningún tipo de comunicación y tampoco información sobre la situación jurídica. Además refirió que solicitó información al Estado de Nicaragua el 16 de octubre y que a la fecha no recibió respuestas.
Los reos políticos beneficiarios de medidas cautelares son: Gersom Antonio Zeledón Motta, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda y Carmen María Sáenz Martínez.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos. Esto considerando que no se conocería sobre su paradero, ni se cuenta con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender su situación de riesgo o sobre cualquier medida para dar con su paradero”, señaló la CIDH.
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Supuestos mensajes de comisionados de la Policía pidiendo dinero
Sobre Gersom Zeledón Motta la CIDH señaló que es contador público y que fue privado de libertad el 5 de marzo de 2024 por agentes policiales mientras se encontraba en la casa de un cliente en Managua.
Al día siguiente, cuando sus familiares llegaron a la delegación policial del Distrito III, la Dirección de Auxilio Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional les indicaron que no tenían registrado a nadie con ese nombre y que no se les brindaría más información.
“Personas cercanas al propuesto beneficiario (Zeledón Motta) habrían recibido mensajes no oficiales de presuntos comisionados policiales de Managua pidiéndoles diversos montos de dinero a cambio de información o su liberación”, señaló.
Además, la CIDH supo que el beneficiario padece problemas crónicos de pulmones, como alergia con tos constante.
El caso de Eveling Matus: familiares han solicitado información más de 20 veces
Eveling Carolina Matus es emprendedora y tenía una agencia de envíos de paquetería. Según la CIDH, participó como manifestante en las protestas de abril de 2018. La resolución de la Comisión señala que fue privada de libertad junto con su esposo el 25 de julio de este año al ser interceptada por agentes policiales.
Posteriormente, su cónyuge fue liberado el 27 de julio bajo la advertencia de que ella seguiría detenida y él vigilado. Hasta el momento las autoridades no han explicado los motivos de la detención ni se presentaron órdenes de captura. Además, el negocio fue allanado por agentes policiales.
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“El 4 de julio de 2024 su esposo habría ido al Establecimiento Penal Integral de Mujeres a preguntar sobre su paradero, pero las autoridades penitenciarias le dijeron que ahí no tenían personas registradas con ese nombre. Desde entonces, habría ido a preguntar por su paradero en más de 22 ocasiones, pero se le seguiría negando información”, señaló la CIDH añadiendo que en el Complejo Judicial tampoco hay indicios de procesos penales en su contra.
Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda
Lesbia Gutiérrez es administradora del programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa y fue detenida el 10 de agosto de 2024 por agentes policiales uniformados y de civil.
El 11 de agosto, allegados de Gutiérrez fueron a preguntar sobre su paradero a delegaciones policiales, la Dirección de Auxilio Judicial y al Establecimiento Penal Integral de Mujeres, pero no obtuvieron información. No obstante, desde principios de octubre se permitió el ingreso de paquetes con productos básicos de higiene para Gutiérrez en esta instancia, sin embargo, las autoridades no confirman su presencia en el lugar ni permiten visitas.
Carmen María Sáenz
Sáenz es abogada y laboró en el poder judicial de Matagalpa hasta 2018 y fue asesora de derecho canónico de la Diócesis de Matagalpa.
Fue privada de libertad el 10 de agosto de este año por agentes policiales quienes allanaron su vivienda sin orden judicial. Hasta el momento se desconoce su paradero.
No obstante, el 1 de octubre de 2024 las autoridades del Establecimiento Penal Integral de Mujeres recibieron paquetería, pero no permitieron visitas. La CIDH alerta que Sáenz padece migrañas y retención de líquidos en sus pies, por lo cual requiere un medicamento que no le estarían proporcionando.
