La trata de personas, aunque no es un delito que diariamente ocupe la agenda mediática en Nicaragua, persiste en el país y son pocos los casos que llegan a judicializarse.
El Ministerio Público de Nicaragua, según una revisión realizada por LA PRENSA a los últimos tres informes anuales de esa institución, de 2021 a 2023 registró el ingreso de 13 casos de trata de personas en Nicaragua. Sin embargo, solo nueve fueron judicializados, ya que uno fue desestimado y tres fueron reorientados jurídicamente, es decir fueron procesados como otro delito.
En 2023, según el documento del Ministerio Público, “ingresaron tres casos de trata de personas, de los cuales se acusaron dos casos y un caso se desestimó”.
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De igual forma, en 2022 las autoridades solo documentaron el ingreso de otros tres casos de trata de personas y, nuevamente, desestimaron uno y lo orientaron jurídicamente.
En 2021, la cantidad de casos de trata de personas que llegaron a judicializarse, según el Ministerio Público, fueron siete, pero solo cinco se concretaron en acusaciones por ese flagelo y dos se orientaron jurídicamente.
Según el anuario estadístico de 2021 de la Policía Nacional, controlada por el régimen orteguista, en el país solo se recibió una denuncia por «trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción».
El analista político Manuel Orozco, director del programa Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, afirmó que las cifras de trata de personas en Nicaragua “no corresponden con la realidad de un país que históricamente ha sido sujeto al tráfico de personas en el marco del comercio sexual».
Trata de personas, «un problema crónico en Nicaragua»
Mencionó que hay otras «prácticas que son vinculantes con la trata, como el secuestro de personas o familiares de parte de miembros del crimen organizado, o la facilitación del país para el tránsito de migrantes desde terceros países, desconociendo las condiciones en cómo están transitando, de manera forzada o voluntaria”.
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Orozco resaltó que, aunque parezcan numéricamente bajos los casos de judicialización divulgados por el Ministerio Público, «indican la continuidad de un problema crónico en Nicaragua y que no se ha resuelto en décadas y necesita abordarse frente al hecho de una mayor cantidad de personas que están pasando o saliendo de Nicaragua».
Nicaragua, a juicio de Orozco, aunque no muestre cuántas víctimas de trata de personas han identificado en los últimos años, «por su pobreza es un país sujeto al comercio sexual transnacional» y hay muchas «jóvenes que son ‘motivadas’ a viajar a Panamá o Costa Rica, Guatemala, a Huehuetenango; y Quetzaltenango (en México) bajo la promesa que van a ganar bien» y «muchas se apuntan, pero asumen deudas altísimas, que tienen que pagar por más de 9 meses y no pueden volver a Nicaragua».
Entre 2014 y 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Nicaragua se registraron 62 casos de trata de personas; 31 vinculados a explotación sexual, dos a mendicidad, 28 laboral y uno a actividades delictivas.
La cantidad de víctimas identificadas en ese período fueron 105; 84 mujeres y 21 hombres. La mayoría eran originarias de Managua, Chinandega, Carazo, Masaya, Nueva Segovia, Matagalpa, Estelí, León y Bluefields.
Desaparición de menores
Un analista político, bajo condición de anonimato, aseguró que el delito de trata de personas «es complejo, usualmente son pocos los casos que se denuncian y todavía menos los que logran ser judicializados».
Añadió que «muchas veces ocurre que las víctimas desisten porque se ven expuestas a procesos largos, revictimización y amenazas de los grupos de crimen organizado detrás de este tipo de delitos. Eso ocurre en Nicaragua y el resto del mundo. Pero eso no significa que los Estados no tengan que hacer esfuerzos en función de prevenir y sancionar este tipo de delitos».
Recordó que recientemente el Gobierno de Estados Unidos señaló a Nicaragua de «abandonar sus responsabilidades en relación a la prevención y la sanción de la trata de personas».
El experto se refirió a la decisión del presidente Joe Biden, que a través de un memorando sobre «Determinación Presidencial en Relación a los Esfuerzos de Gobiernos Extranjeros Respecto a la Trata de Personas», ordenó votar en contra de cualquier préstamo que sea solicitado por Nicaragua en los bancos multilaterales, en respuesta a que consideran que el país no está cumpliendo con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.
Dichos estándares mínimos que no cumple Nicaragua, según el Gobierno de Estados Unidos, incluyen la prohibición de la trata de personas, a través de leyes que la castiguen; investigación y enjuiciamiento de las personas o traficantes que cometen dicho delito; garantías de protección, refugio y asistencia a las víctimas de ese flagelo; y prevención de este delito, aumentando la conciencia, respeto de derechos humanos y garantías para los ciudadanos.
En el país «pareciera que este tipo de delitos se ha incrementado, considerando el incremento de casos de jóvenes y adolescentes desaparecidas en distintas regiones del país, al menos durante los últimos dos años», valoró el analista político.
El experto apunta que «la baja cantidad de denuncias de ese tipo de delitos no significan de ninguna manera que existan pocos casos».
LA PRENSA contabilizó —analizando las publicaciones del grupo feminista Las Venancias— que entre enero y septiembre de 2023 un total de 46 mujeres, adolescentes y niñas, fueron reportadas como desaparecidas. Durante este 2024, los reportes de desapariciones han persistido.
