El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó que la administración de Joe Biden no extenderá la estadía para nicaraguenses, venezolanos, cubanos y haitianos que llegaron con el parole humanitario.
En una respuesta oficial enviada a LA PRENSA, el DHS respondió que «como se indicó inicialmente en los avisos del Registro Federal, una concesión de libertad condicional bajo estos procesos era por un período temporal de hasta dos años. Este período de dos años tenía como objetivo permitir a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a los Estados Unidos», señaló.
Además, refirió que aquellos que no tengan beneficios de inmigración pendientes o que no se les haya concedido un beneficio de inmigración durante su período de libertad condicional de dos años deberán salir de los Estados Unidos antes de la expiración de su período de libertad condicional autorizado o pueden ser colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional.
Más temprano se conoció extraoficialmente que la administración Biden no extenderá el estatus legal del parole humanitario para venezolanos, según reveló el medio estadounidense CBS News con base en consultas a funcionarios y documentos que obtuvieron.
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A finales de octubre del 2022, la Administración Biden lanzó por primera vez el programa con el objetivo de que los venezolanos dejaran de viajar de manera irregular hasta la frontera entre EE. UU. y México; posteriormente en enero del 2023, se extendió el beneficio para los migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua.
Con la extensión para los tres países, EE. UU. fijó que mensual iba a permitir la entrada de 30 mil migrantes de las cuatro nacionalidades. El estatus no sólo facilitaba que los migrantes viajaran de manera legal sino que pudieran vivir y trabajar durante dos años, como plaza de la estadía por lo que una vez que finalice el período los que no aplicaron a otros programas como asilo poļítico o Estatus de Protección Temporal (TPS), deberán retornar a sus países de origen sino serán sujetos a la deportación.
«A los venezolanos en libertad condicional, como los llama el gobierno, se les entregarán notificaciones instruyéndoles que soliciten otro beneficio migratorio o abandonen el país», dijeron los funcionarios del DHS a CBS News.
96 mil nicaragüenses beneficiados con el parole humanitario
Hasta finales un total de 542 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fueron examinados y les aprobaron el parole humanitario, de ellos 530 mil viajaron legalmente a través de vuelos comerciales a Estados Unidos.
Del total de los aprobados, 96 mil son nicas de los cuales 93 mil lograron viajar a EE. UU., según cifras actualizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Harold Rocha, fundador y presidente de Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), en declaraciones a LA PRENSA indicó que el parole humanitario «es un programa piloto y temporal, concebido para permitir un proceso en que los beneficiarios puedan recibir permiso sin exponerse a un viaje peligroso e incierto, y en ese sentido, el programa ha sido un éxito rotundo».
Y señaló que para que el programa humanitario sea permanente, es el Congreso que debe decidirlo puesto a que «según la Constitución, es prerrogativa legislativa y no ejecutiva».

Urge TPS para los nicas
Expertos afirman que ante la incertidumbre de no saber qué pasará exactamente con el parole humanitario, urge sin lugar a dudas que la Administración Biden redesigne el TPS a nicaragüenses. LA PRENSA envió consultas al Departamento Nacional de Seguridad (DHS) sobre qué pasará con los nicas una vez finalice el parole, sin embargo, no respondieron las consultas.
La primera vez que a Nicaragua le fue designado el TPS fue en 1999 tras el paso devastador del huracán Mitch, es decir que está dirigido a nicaragüenses que vivieron en EE. UU. antes del 30 de diciembre de 1998 y que no salieron de dicho país desde el 5 de enero de 1999. Por esta razón, quienes llegaron después de esa fecha, por ejemplo desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, no son elegibles para este estatus.
«Creemos que a todos los nicaragüenses que en la actualidad están en territorio estadounidense con parole o incluso sin estatus migratorio definido, les será imposible regresar de momento de forma segura a Nicaragua, y ése es el fundamento jurídico para otorgarles el TPS», indicó Rocha.

Cabe destacar que Nicaragua es el único país de los cuatro beneficiarios del parole humanitario que no ha tenido en los últimos años una redesignación TPS. Tanto Venezuela y Haití, en los últimos años, han recibido no sólo la extensión, sino la redesignación del beneficio, que si bien es cierto protege contra la deportación, no concede un estatus legal permanente de manera inmediata, pero en el transcurso del tiempo las personas beneficiarias pueden aplicar a procesos migratorios como la residencia permanente o asilo político.
De hecho, las organizaciones que impulsan la campaña del TPS destacan que las condiciones actuales en Nicaragua, incluidas las graves y ampliamente documentadas violaciones a los derechos humanos, hacen que Nicaragua sea apta para los requisitos legales del TPS.
Claudio Acevedo, defensor de derechos humanos y quien también impulsa la campaña, apuntó que urge el TPS para Nicaragua porque existe «una gran incertidumbre, el parole se termina, eso crea una zozobra en la comunidad, angustia e incertidumbre increíble sobre todo ahora que tenemos a un candidato presidencial (Donald Trump) que está amenazando con masivas deportaciones».