Se ha informado que muchas personas nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos (EE. UU.) en los últimos dos años gracias al parole humanitario, podrían ser deportadas próximamente.
Como es sabido, quienes entraron a EE. UU. en virtud de ese programa lo hicieron con el derecho a una permanencia temporal de dos años, durante los cuales debían tramitar el cambio de su estatus migratorio, incluyendo el asilo político al que por razones obvias pueden aspirar muchos nicaragüenses.
Pero al parecer muchos paroleados no hicieron esos trámites. Y según ha informado oficialmente el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. “aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
En la jerga de las autoridades migratorias estadounidenses la “libertad condicional” es el período de 24 meses que concede el parole humanitario para que la persona beneficiada permanezca y trabaje en el país mientras hace los trámites para acogerse a otro programa migratorio. De manera que quienes no hicieron esos trámites irremediablemente tendrán que irse o ser deportados.
Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., hasta junio del año en curso se habían acogido al programa migratorio de parole humanitario 93,325 personas nicaragüenses, de las que 86,101 para esa fecha ya estaban en territorio estadounidense. O sea que faltaban por llegar 7,224 desde Nicaragua, que no sabemos si se fueron.
Por otra parte, el 15 de julio pasado LA PRENSA informó que un estudio de la ONG nicaragüense radicada en Costa Rica, Hagamos Democracia, reveló que solo el 10 por ciento de todos los nicaragüenses que llegaron paroleados a EE. UU., o sea unas 10 mil personas, habían tramitado el cambio de su estatus migratorio para permanecer en ese país. De manera que la mayoría de esos migrantes tendrían que irse por las buenas o ser deportados a Nicaragua, al cumplirse los 24 meses de su derecho de estadía en EE. UU.
Ante ese panorama tan sombrío las personas paroleadas están angustiadas porque no saben si las autoridades de Nicaragua les permitirán regresar; y en el caso de que lo permitan, cómo harán para recuperar los empleos que dejaron al irse a EE. UU., o encontrar nuevas oportunidades de trabajo.
En realidad, se trata de un problema humanitario de la mayor importancia, tanto en lo personal para los paroleados que deban regresar, como para sus familias en Nicaragua a las que ya estaban enviándoles remesas.
Estados Unidos siempre ha sido un país solidario y concede el estatus migratorio de refugiado o asilado político a personas que de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad “no pueda o no quiera regresar (a su país de origen) y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política”.
Precisamente esa es la situación de prácticamente todos los nicaragüenses que han debido salir de su país en los últimos años. Y por lo cual los paroleados a quienes se les termine el período de gracia migratoria no deberían ser obligados a regresar a su país.
Pero esto es solo un buen deseo.
