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México, Día de la Independencia Nacional y amenaza a la independencia del poder judicial

México celebra este 16 de septiembre la fiesta de su Independencia Nacional. Se conmemora el 214 aniversario del Grito de Dolores, como se le llama al llamamiento que el 16 de septiembre de 1810 hizo el sacerdote Miguel Hidalgo al pueblo mexicano para que se levantara en armas contra el virreinato español y declarara la Independencia Nacional.

Pero México celebra este día su fiesta nacional más importante dividido en dos grandes bandos políticos. Uno democrático que defiende la independencia del poder judicial del Estado, y el otro que apoya al régimen del partido político hegemónico Morena, acaudillado por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que pretende subordinarlo a sus intereses políticos estratégicos.

Después de ganar las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, el partido Morena hizo una triquiñuela jurídica para adjudicarse la mayoría calificada en el poder legislativo, que ahora le permite transformar el orden constitucional para atornillarse en el poder e imponer el sistema autoritario. Quiere copiar lo que hizo en el pasado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al imponer lo que Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”.

Gracias a su dominio del poder legislativo el partido Morena aprobó recientemente una reforma judicial para que todos los jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto popular, igual que se elige a los diputados, senadores y al presidente de la República.

Aparentemente la reforma es progresista, pues se trataría de darle al pueblo el derecho de elegir directamente también a los jueces y magistrados. Pero eso es una fruta envenenada, porque según alegan los sectores democráticos mexicanos la mayoría de los jueces y magistrados pasarían a ser escogidos por el partido gubernamental.

Dicho con otras palabras, los nuevos jueces y magistrados de México electos por voto popular serían como los de Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela, que no son independientes, ellos juzgan y dictan sus fallos de conformidad con los que les ordena el poder ejecutivo y el partido, o el caudillo gobernante.

Se conoce que en el mundo hay distintas formas de nombramiento de los jueces y magistrados, según la experiencia histórica, las tradiciones y la cultura política de los diversos países. Una forma es su nombramiento por el poder ejecutivo. Otra es que son escogidos por el poder legislativo. La tercera es la elección popular directa; cuarta la designación por comisiones especializadas, y quinta, la combinación de las distintas formas.

En todo caso lo más importante es que se garantice la independencia del poder judicial; que los jueces y magistrados sean seleccionados por méritos, capacidad y probidad; que haya transparencia y rendición de cuentas de la judicatura; y que se proteja la función judicial de las influencias y presiones políticas y de cualquier otra clase.

Pero en un país como México, minado por la corrupción política y dominado por el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, la elección popular y por tanto política de los encargados de hacer justicia “abre la puerta aún más a la cooptación de los jueces por parte de grupos criminales o con influencia económica”, advierte el profesor asociado del Chicago-Kent College of Law, Pedro Gerson, en la revista semanal mexicana Letras Libres.

Gerson recuerda que “desde Montesquieu se ha reconocido que las características del poder judicial requieren que el mismo esté blindado de cierta forma de la población, y que si lo que se quiere atender es la justicia en México se debe priorizar los ministerios públicos, las fiscalías y las policías, que las elecciones saldrán muy caras, y que lejos de acercar a la gente al poder judicial, las elecciones acercarían a los jueces a los partidos políticos”. Dicho más crudamente, pondrían a los jueces y magistrados a merced de las bandas criminales que son omnipresentes y omnipotentes en México como lo recuerda a su vez Enrique Krauze.

Con un poder judicial populista y no democrático como lo quiere modelar el partido Morena, 214 años después de que el cura Hidalgo llamó a la lucha por la independencia de la nación, México está regresando a un modelo judicial prehistórico, corrupto y subordinado a los intereses políticos de los gobernantes. Una gran desgracia, sin duda.

Editorial
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