La restructuración para el «ahorro de recursos» del Estado de Nicaragua, ordenada por la dictadura Ortega-Murillo, comenzará a ejecutarse en la Alcaldía de Managua. Colaboradores de diferentes áreas de la comuna confirmaron que el recorte en esa municipalidad iniciará con la cancelación de los contratos de al menos 30 personas.
Detallaron que los afectados serán de todas las áreas y se incluyó sobre todo a empleados que tenían contratos de renovación anual, ya que la restructuración ordenada por el orteguismo impide que se les renueven sus contrataciones.
Las fuentes aseguran que algunos de los que están próximos a completar el plazo de su contrato anual solo laborarán las semanas que quedan de estos y muchos ni siquiera han sido notificados, ya que el área de Recursos Humanos de la comuna esperará a que se complete el período para informarles que ya no requerirán más de sus servicios.
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Algunos de los afectados, confirmó LA PRENSA, son personas que incluso habían renunciado a empleos fijos en el sector privado para laborar en la comuna de Managua, que pese a ofrecer contratos de renovación anual, pero con salarios competitivos, después de cierto tiempo les prometían acceder a una plaza fija, dependiendo de su desempeño y disponibilidad de estas.
Mientras acaban los períodos de los contratos, confirmaron las fuentes, algunos de los afectados que ya se enteraron del recorte están aplicando a puestos en empresas privadas y revisando con sus excompañeros de trabajo si hay vacantes disponibles en las empresas que antes renunciaron. Sin embargo, hay quienes dijeron que tienen «esperanza» de que sus casos sean revisados por la comuna capitalina.
Sobre las liquidaciones, aseguraron las personas consultadas, algunos de los afectados no temen por incumplimiento en el pago de estas ya que afirman que «siempre» estuvieron en «las actividades del partido», «nunca» tuvieron problemas con los políticos de la comuna y siempre les han pagado cada año la liquidación justamente por sus contratos de renovación anual.
Prácticas injustas contra los trabajadores públicos
La investigadora Olga Valle, de Urnas Abiertas, afirmó que como observatorio han recibido «bastantes denuncias» de despidos en alcaldías de diferentes municipios del país, sobre todo vinculadas a las destituciones de alcaldes, aunque por ahora dijo no poder especificar la cantidad de despidos documentados porque están en proceso de sistematización de la información.
Señaló que el régimen de Nicaragua «ha implementado un modelo de corrupción sistemática que perpetúa la desigualdad en el país, con un impacto desproporcionadamente negativo sobre los trabajadores del Estado».
Dicho modelo de corrupción, apuntó Valle, se ejecuta a través de «prácticas profundamente injustas, como los despidos arbitrarios de empleados públicos, en muchos casos sin que se respeten sus derechos laborales o se les otorguen las prestaciones correspondientes».
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La también defensora de derechos humanos destacó que los trabajadores del Estado, al no tener garantías laborales, viven en constante «inseguridad y temor» y muchas veces «operan bajo la constante amenaza de perder sus empleos si no cumplen con las expectativas del régimen, que a menudo están alineadas con la lealtad política más que con el desempeño profesional» y «se ven permanentemente obligados a participar en acciones político-electorales».
Denunció que el régimen orteguista incluso, aprovechándose de su control, impone a los trabajadores del sector público «cobros ilegales», que van «a las arcas del Frente Sandinista para desarrollar actividades partidarias», «consolidando aún más un sistema en el que los funcionarios no solo son explotados, sino también forzados a participar en un ciclo de corrupción para mantener sus posiciones».
Restructuración arrebató más de 2,000 empleos
El 2 de agosto pasado, por orden de los dictadores Ortega y Murillo, se anunció en el país una “reestructuración” en todas las instituciones y empresas estatales, argumentando que esta implicaba un «ordenamiento, reestructuraciones y rediseños a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública».
Desde el anuncio, la zozobra entre los trabajadores del sector público se disparó. La mayoría de estos temía que la medida fuera contra quienes no apoyan al régimen orteguista en sus actividades políticas partidarias, pero esto —confirmó LA PRENSA— incluso ha alcanzado a los más fanáticos de la dictadura.
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La medida de «ahorro» de la dictadura hasta ahora, según un reporte de LA PRENSA, en el que se cita a fuentes ligadas a las entidades afectadas, habría dejado a más de 2,000 personas en el desempleo. Algunas de las instituciones donde se han registrado los despidos son: Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio Agropecuario (Mag), Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) y la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos.
En algunas de los ministerios, como el Mefcca, los despidos han sido acompañados por la Procuraduría General de la República (PGR), que ha sido la encargada de «entregar» las cartas de despido.
