La protección de animales en situación de calle se reduce cada vez más en Nicaragua. En la masiva cancelación de 1,500 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el régimen retiró el permiso de operación a la Asociación Veterinaria de Protección y Conservación Animal y a la Fundación Adopción Animal Nicaragua (ADAN), reduciendo con esto cada vez más al sector que se dedica a rescatar y buscar un hogar a animales que deambulan en las calles hambrientos, enfermos y reproduciéndose sin ningún control.
En febrero de este año, en el acuerdo ministerial 05-2024, también cancelaron la Fundación Rescatando Huellas, argumentando incumplimiento de las leyes del país. Y, un año antes, en febrero de 2023, también se ordenó retirar el permiso de operación a Fundación Amarte.
La labor de este tipo de organizaciones dedicadas a la protección de animales se ha enfocado en el rescate de animales que deambulaban en la calle. Estos eran encontrados en situación de desnutrición, con plagas de pulgas y garrapatas, parásitos intestinales, con lesiones graves en la piel, rabia, e incluso algunos casos eran tan graves que los animales estaban imposibilitados de sostenerse o con fracturas en sus patas.
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Además, promovían campañas de esterilización canina y felina, algunas de forma anual o semestral, y también de desparasitación. Ofrecían hogares temporales a animales como perros y gatos, donde los alimentaban, sanaban y les buscaban un hogar permanente.
Reducidas políticas de protección animal
El ambientalista Amaru Ruiz, biólogo y presidente de Fundación del Río —una de las primeras organizaciones canceladas por el orteguismo— lamentó el cierre de las organizaciones vinculadas a la protección animal, resaltando que algunas de este sector jugaron un papel clave en la promoción de la aprobación (en 2011) de la Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres.
“Al final el país pierde y obviamente las organizaciones que se dedicaban a la protección animal cada vez son menos. Lamentablemente, lo que hemos tenido es una pérdida de las entidades que se preocupaban y tenían acciones a nivel territorial y comunitario, que desarrollaban programas de castración, de atención veterinaria, que tenían centros de rescate, de adopción, que desarrollaban una función social muy comunitaria, en los barrios, las ciudades, y el Estado no provee este tipo de atención de adopción y protección”, apuntó Ruiz.
Además, señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) incluso “implementó la política de matar a los perros, los gatos, sin dar otras alternativas, porque el trabajo de ellos no es tan amplio como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”.
La política mencionada por Ruiz ocurrió en el año 2000, cuando se llegó a considerar los ataques de perros como una plaga nacional, ya que en ese año las autoridades de Salud registraron más de 10 mil mordidas a transeúntes. En el 2001, según reportes periodísticos de LA PRENSA, solo en el departamento de Estelí el Minsa en coordinación con la Alcaldía ordenó matar 80 perros en respuesta al incremento de personas lesionadas.
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Situaciones como las del año 2000 actualmente no se están aplicando, o no se informa de esto públicamente. Pero, en 2022, el Minsa anunció la reactivación de la Comisión Técnica Nacional de Zoonosis.
Las zoonosis, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano, entre ellas la rabia. El trabajo que hace dicha Comisión se desconoce públicamente, sin embargo, tras su activación el Minsa comenzó a impulsar campañas nacionales de vacunación antirrábica canina.
Vacunación antirrábica en Nicaragua
El 12 de agosto pasado, el Minsa anunció el lanzamiento de la “Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina 2024”, en la que pretenden aplicar 1,700,000 dosis de vacunas antirrábicas para perros, con el fin de “prevenir la transmisión de la rabia en la población”. En 2023, el Minsa registró 8,968 casos de rabia en Nicaragua.
Sin embargo, ni el Minsa ni el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) tienen centros de rescate de animales domesticados que estén en situación de calle y tampoco centros donde estos puedan esperar una adopción. Tampoco campañas de esterilización a animales callejeros.
El ambientalista Ruiz apunta que “el régimen arrasa con todo, no le importa si estás o no vinculado” con temas políticos o si la persona es afín al partido de Gobierno.
“Están haciendo barrida a las organizaciones de la sociedad civil. Todo lo que huela a organización social y capacidad de gestionar recursos lo van a tratar de detener, cancelar o lo que va a suceder es que van a tratar de controlar su programa. Al régimen no le interesa que la sociedad proteja a los animales. Nunca han estado interesados en eso, entonces, no vamos a esperar una complacencia o que detenga el cierre de esas organizaciones”, agregó.
Las organizaciones de protección animal que han sido canceladas, resaltó Ruiz, “ahora se ven imposibilitados en conseguir recursos de cooperación al desarrollo”, están expuestas a sufrir la confiscación de sus bienes o recursos financieros, no solo los que estén a nombre de sus organizaciones sino a nombre de sus directivos, pues, remarcó, han conocido casos vinculados a este tipo de robos perpetrados por el Estado de Nicaragua.