Del «vamos con todo» al «vamos contra todos». En esa fase se encuentra actualmente la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtieron disidentes sandinistas en el exilio, quienes señalaron que el régimen ya no diferencia entre opositores y leales sandinistas: todos están bajo sospecha y coacción.
La caída repentina del comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, es decir, la persona que literalmente era capaz de morir por Ortega, así como el anuncio de compactación del Estado, confirma esa fase del régimen, que avanza en su objetivo de eliminar a cualquiera que represente una amenaza para el proceso de sucesión dinástica.
Desde la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, considerada una leal sandinista; pasando por los alcaldes y jueces conocidos por su disciplina partidaria han sido sacudidos por la fase actual del «vamos contra todos», cuyo proceso comenzó en el 2018, cuando la dictadura ordenó el «vamos con todo» para retomar el control de las calles en medio del levantamiento social que hizo temblar los cimientos de la dictadura. El saldo: más de 350 nicaragüenses asesinados.
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Ortega ya no está en capacidad de contradecir a Murillo
La actual fase sigue siendo dirigida por Rosario Murillo, a criterio de analistas. La saña con la que fue sacado del juego Acuña, una persona que trabajó para Ortega durante casi 30 años, deja ver que esto solo pudo ser una acción ordenada por la mujer del dictador, según la exguerrillera Dora María Téllez, disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«A mí me da la impresión que fue una decisión tomada por Rosario Murillo y aceptada por Ortega, quien ya no está en capacidad de resistir a una decisión de Rosario Murillo, eso es lo más notorio. Creo que si hubiera sido solo por Daniel Ortega, le hubiera dado de baja, le hubiera pedido que renunciara, que se fuera a su casa tranquilo, con su pensión y parte sin novedad», dijo la exguerrillera.
Téllez manifestó que el caso de Acuña confirma el afán de Murillo de demostrar que tiene el control del país incluso sobre Ortega.
«Acuña ha dependido directamente de Daniel Ortega, no de la jefatura policial y pues tampoco de Rosario Murillo, es decir, su relación ha sido completamente bajo el mando Daniel Ortega, sin ninguna intervención adicional de nadie», recordó la exguerrillera.
Para Téllez, la forma en cómo Acuña fue destituido envía un mensaje claro al resto de sandinistas: eliminarán «a quienes no sean suficientemente leales a Murillo o a Laureano, que están en la cadena de sucesión».
«Aquí lo que estamos viendo es la mano de Rosario Murillo, a quien le interesa escarmentar a toda la jefatura policial, no importa en qué nivel estén y escarmentar dentro del Frente Sandinista, no importa en qué nivel estén, por eso es que tienen básicamente secuestrados a Carlos Fonseca y a su esposa, y ahora le dan este golpe a Acuña, que lo que le dice al resto de comisionados generales es que pueden seguir el mismo camino si no son absoluta y completamente obedientes a lo que ella decida», dijo Téllez.
Al régimen no solo le bastó destituir a Acuña, sino que también le dio baja deshonrosa y lo envió a la cárcel mientras espera un juicio en su contra.
Los dictadores no saben negociar
El sociólogo y también disidente del FSLN, Oscar René Vargas, coincidió con Téllez en que detrás de estas purgas está una descontrolada y paranoica Rosario Murillo, para quien la consigna de la represión de 2018 «vamos con todo» sigue vigente, pero considera que en realidad quisieron decir «vamos contra todos», porque eso se ajusta más a las destituciones de hasta sus leales.
En la actual fase nadie está a salvo. El hermano del dictador, el exjefe del Ejército de Nicaragua, general en retiro Humberto Ortega, también fue alcanzado, el régimen lo mantiene bajo vigilancia policial y no se le permite hablar con nadie telefónicamente, menos con periodistas, a quienes algunas veces concedía entrevistas sobre la situación política del país.
El sociólogo valora que es un error político creer que destituciones como las del comisionado Acuña no tendrán consecuencias.
«Están nerviosos con el proceso de implosión que están viviendo y eso la hace a ella violenta en sus reacciones, porque no es solamente la reacción contra el comisionado Acuña, sino la reacción contra la Iglesia católica: siguen persiguiendo no solo a los sacerdotes, sino a las personas que trabajan con los sacerdotes. Eso es parte del temor que tienen, porque no están seguros, la inseguridad los hace reaccionar de manera violenta», expresó Vargas.
El sociólogo dijo que Ortega y Murillo están conscientes de las debilidades y las fisuras que tiene su régimen, pero no saben cómo resolver eso. Precisamente Humberto Ortega, hermano del dictador, quiso advertirle a este que tiene que negociar para resolver esta crisis, pero «el problema es que ellos no saben negociar».
«Al no saber negociar solo quieren imponer y al imponer, entonces no negocian con nadie, entonces se están aislando más. Y la situación económica también no es la mejor para el país, la prueba es que la compactación que viene es parte de esa desconfianza que hay, porque lo que van a hacer es que van a eliminar a la gente que ellos consideran no son de confianza», dijo Vargas.
Incluso Vargas se atreve a asegurar que Murillo es quien no quiere negociar, porque «ella no se ve fuera del poder».
«Yo pienso que ella es la más recalcitrante para no negociar, él estaría en mayor disposición para negociar, porque es más político, ella no es político en el sentido de que la política es el arte de la negociación y de lo posible, ella es lo que quiere, es decir, ella tiene una posición fanática de la política», manifestó el sociólogo.
Quieren blanquear a Ortega
El polémico Marlon Sáenz, conocido como el Chino Enoc y quien tiene menos tiempo en la disidencia sandinista, difiere de la opinión de Téllez y Vargas. Para Sáenz, detrás de las destituciones existe un plan que dirige Ortega, Lenín Cerna, Bayardo Arce y otros personajes históricos del FSLN, que siempre, desde los años ochenta, han estado en el poder y detrás del poder.
El plan de ellos, según Sáenz, es sacar del juego a la vieja militancia, pero tienen que hacer creer que no es una decisión de Ortega sino solo de Murillo.
«El plan es desaparecer lo que nosotros considerábamos que era el sandinismo, sustituirlo por el danielismo-chayismo; hacer desaparecer los estatutos del sandinismo, ese fue mi pleito en el pasado. Pero quieren poner a la Chayo de frente a la gente como la mala, y no es que no sea mala, porque sí es mala, pero ante la militancia, quieren poner a Daniel como el bueno. Entonces la Chayo es la que se encarga de ir marginando supuestamente a los viejos», explicó Sáenz.
«En todo ese paquete, la Chayo es la que sale de frente como la maldita. La Chayo no tiene la capacidad para correr a un policía, la Chayo no se mete con la Policía, la Chayo no se mete con el Ejército, la Chayo no se mete en la economía. Yo veo que muchos periodistas insisten en poner como que la Chayo es la mala. A última hora solo la Chayo es mala y Daniel está allí, está el pobrecito vegetando, no sale ni se mueve, pero es el que lleva los hilos de todo con el equipo que dirige Lenín Cerna y el comité de inteligencia nacional», agregó el llamado Chino Enoc.
Sáenz y Vargas conocieron un poco más de cerca al comisionado Marcos Alberto Acuña. Lo conocieron más por el nombre de Alberto. Los dos lo caracterizaron como una persona sumisa, humilde y amable.
Es por eso que Sáenz no puede creer que Acuña haya discutido por algo con Murillo, más bien cree que simplemente lo quisieron sacar del juego, porque insistió en que el plan es sacar a todos los sandinistas veteranos.
«Nunca voy a creer que se puso a estar peleando y que se palabreó con la Rosario, eso yo no lo voy a creer jamás, por la personalidad misma de él», dijo Sáenz.
Sáenz, Dora María Téllez y Oscar René Vargas se apartaron del FSLN en diferentes momentos de su vida política, pero en los últimos tiempos coincidieron como opositores y críticos de Ortega y su esposa, lo que los llevó a ser encarcelados y judicializados como «traidores a la patria». En febrero de 2023 fueron parte del grupo de 222 presos políticos desterrados y desnacionalizados, enviados en un avión a Estados Unidos.
