La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución el pasado 2 de julio a favor de 11 miembros de Puerta de la Montaña y otros presos políticos de Nicaragua. La Corte IDH pide que las autoridades de Nicaragua adopten medidas necesarias para “proteger eficazmente la vida, integridad, salud y libertad” de:
- Walner Omier Blandón Ochoa, de 41 años.
- Marisela de Fátima Mejía Ruiz, de 40 años.
- José Luis Orozco Urrutia, de 47 años.
- Álvaro Daniel Escobar Caldera, de 42 años.
- Juan Carlos Chavarría Zapata, de 45 años.
- Marcos Sergio Hernández Jirón, de 57 años.
- Juan Luis Moncada, de 51 años.
- Orvin Alexis Moncada Castellano, de 25 años.
- Harry Lening Ríos Bravo, de 45 años.
- Manuel de Jesús Ríos Flores, de 53 años.
- César Facundo Burgalín Miranda, de 43 años.
Además de estos 11 miembros de Puerta de la Montaña, la Corte IDH incluye en la resolución al periodista Víctor Ticay, al catedrático Freddy Antonio Quezada y otros presos políticos:
- Kevin Emilio Castillo Prado.
- Sergio Catarino Castiblanco Hernández.
- Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera.
- Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz.
- Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón.
- Anielka Lucía García Zapata.
- Melba Damaris Hernández.
- Abdul Montoya Vivas y su núcleo familiar.
- Eddy Antonio Castillo Muñoz.
- Nelly Griselda López García.
- Juan Carlos Baquedano.
- Carlos Alberto Bojorge Martínez.
Con esta resolución la Corte IDH amplía la Resolución del 24 de junio de 2021, mediante la cual concedió medidas provisionales en favor de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Granera, entre otros. Conocida como “Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua”.
Piden información de Freddy Quezada y Carlos Bojorge quienes están en estado de “desaparición forzada”
La Corte IDH resuelve: otorgar medidas provisionales a estas 25 personas; “Requerir al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martínez, quienes se encontrarían desaparecidos, de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos 75 y 79 de la Presente Resolución”; pide la liberación de los 25 beneficiarios de medidas provisionales y que el Estado adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente los derechos a la vida, integridad, libertad personal, salud y alimentación adecuada de estas personas.
Asimismo la Corte IDH pide al Estado informar de forma “inequívoca” a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, y garantizar el acceso inmediato a servicios de salud; que los abogados accedan a los expedientes y que el Estado se abstenga de enjuiciar y ejercer represalias en contra de los familiares y representantes de los propuestos beneficiarios a causa de la información aportada a esta Corte.
Régimen debe responder a más tardar 19 de julio
Además, requiere “al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 19 de julio de 2024, sobre la situación de los beneficiarios de la ampliación de medidas provisionales adoptadas en esta Resolución y sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”.
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