La Resolución de la Asamblea General de la OEA sobre la situación de Nicaragua, aprobada la semana pasada en Paraguay, ha reanimado la preocupación internacional por la prolongación de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que sufren los nicaragüenses desde la derrota de la rebelión ciudadana democrática y no armada de abril de 2018.
Dicha Resolución también ha fortalecido las gestiones de la oposición exiliada para motivar a los Estados miembros de la OEA que por ser democráticos no simpatizan con el régimen sandinista ni se hacen los desentendidos ante la crisis humanitaria de Nicaragua, a que respondan al llamamiento para redoblar esfuerzos por la recuperación de las instituciones de la democracia en Nicaragua.
Decimos lo anterior a propósito de la gira política que una delegación variopinta de la Concertación Democrática de Monteverde realizada esta semana por Argentina y Chile, dos países suramericanos muy influyentes que tienen gobiernos totalmente opuestos, de derecha y de izquierda, pero ambos democráticos.
En lo que se refiere a Costa Rica hay que destacar el reciente y oportuno pronunciamiento editorial del diario La Nación —el más representativo de la sociedad costarricense—, acerca de la situación política y la estancada crisis de derechos humanos en Nicaragua.
El editorial de 600 palabras de La Nación de este martes 2 de julio, titulado “Nicaragua: una dictadura sin límite”, comienza señalando que “el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue dando muestras de su más absoluta intransigencia ante cualquier forma de disenso”. Y luego hace una relación de las principales acciones antidemocráticas del gobierno de Nicaragua, destacando la persecución religiosa, la cancelación de los organismos de la sociedad civil y el virtual encarcelamiento de Humberto Ortega por disentir del régimen autocrático de su hermano Daniel.
“El régimen de Ortega y Rosario Murillo no es una dictadura tradicional —analiza La Nación en su comentario editorial sobre Nicaragua—, sino un sistema de castas vinculado al entramado de corrupción y nepotismo organizado desde el poder. La autocracia ha secuestrado por completo el país, reprimiendo cualquier atisbo de disidencia, amordazando a la prensa libre y lanzando una salvaje persecución contra la Iglesia”.
En realidad, a pesar de que el actual Gobierno de Costa Rica descontinuó la política de condena permanente a la dictadura de Nicaragua que venían aplicando sus antecesores, y aunque de manera aislada ocurren en ese país vecino casos xenofóbicos contra personas nicaragüenses, eso no representa el sentir de la sociedad costarricense en general.
El pueblo de Costa Rica siempre ha sido generosamente solidario con los nicaragüenses que durante la mayor parte de su historia han tenido que soportar dictaduras de mayor o menor crueldad. Y lo sigue siendo ahora que por las características y acciones del régimen de Ortega y Murillo necesita más que nunca el aliento de la solidaridad internacional y en primer lugar de sus hermanos centroamericanos.
Una solidaridad que por cierto son los costarricenses los que la practican mayormente.
