La nueva estrategia nacional de educación en todas sus modalidades “Bendiciones y victorias”, que anunció el régimen orteguista el pasado 19 de junio, incorpora dos ejes específicos para la educación técnica y la universitaria, lo que, según un especialista en temas académicos consultado por LA PRENSA, echa al traste la poca posibilidad que tenían las universidades para desarrollar investigaciones académicas, al someter los criterios a una «agenda nacional».
La nueva estrategia, compuesta por 16 ejes y 73 líneas generales, contempla 13 puntos para la educación universitaria. Entre estos, el punto 61 establece la subordinación de las investigaciones que desarrollen las universidades a los intereses políticos de alcaldías, instituciones del Estado y sectores productivos.
«Incrementaremos la investigación científica universitaria, desde una agenda nacional coordinada con instituciones del Estado, alcaldías y sectores productivos», señala el punto 61.
A consideración de David Gómez Gamboa, especialista en temas académicos y director de Aula Abierta —una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de las universidades en Latinoamérica— las investigaciones quedan condicionadas a una agenda nacional.
«Es decir, habrá una agenda nacional coordinada por instituciones distintas a las académicas. Ahí hay una flagrante vulneración a la autonomía universitaria. La investigación académica no debe ser coordinada por las alcaldías, debe serlo de forma autónoma desde las universidades. Esto preocupa mucho porque transgrede el principio de autonomía universitaria», dijo Gómez a LA PRENSA.
Sin embargo, la estrategia no establece cómo se realizará la coordinación ni brinda mayores detalles sobre ese punto.
Intercambios académicos
El punto 67 señala que la estrategia promoverá la acreditación institucional de carreras a nivel nacional e internacional. Además, el 71 establece que se promoverán programas de intercambio académico nacional e internacional, investigaciones conjuntas, iniciativas de desarrollo interinstitucional, movilidad de docentes y estudiantes, entre otros.
A criterio de Gómez Gamboa, es normal que desde los Estados se promuevan intercambios e investigaciones conjuntas con otros países. Sin embargo, consideró que en el caso de Nicaragua, la situación es diferente.
«Desde el Estado se deben promover este tipo de intercambios. El problema es que en los casos nicaragüenses, cubanos y venezolanos, hay otras políticas que apuntan a la configuración de estas acciones para restringir el pensamiento crítico, la imposición de ideologías y la construcción de un pensamiento único», señaló.
Una estrategia sin plan para ejecutarse
Gómez cuestionó que la estrategia presentada por el régimen de Nicaragua no explica cómo desarrollará cada una de las líneas que propone.
«Una estrategia sin un plan concreto para ejecutarse no tiene los lineamientos para materializarlo. Básicamente, todo lo que hacen los gobiernos autoritarios se va imponiendo según su voluntad. Quizás sea parte de la estrategia no contar con un plan, porque este puede ser aplicar según lo que convenga en el momento desde el punto de vista político», aseguró.
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No obstante, el asesor presidencial en temas de educación, Salvador Vanegas, aseguró a un medio de comunicación oficialista el pasado lunes, que la estrategia “será enriquecida” a través de las consultas a maestros, padres de familia y directores de centros educativos. Además, puntualizó que el régimen echará a andar la estrategia el próximo año.
«La educación como derecho humano debe tener algunos atributos y justamente se habla de educación de calidad cuando todos los procesos garantizan la formación con base a estándares mínimos. En la estrategia puede haber algunos vacíos, pero el llamado es que se cumplan los estándares», puntualizó Gómez al respecto.
Según Vanegas, las consultas concluirán el 23 de julio de 2024 como parte de las actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para la celebración del 45 aniversario del triunfo de la revolución. La vocera de la dictadura y primera dama, confirmó este lunes 24 de junio que en esa misma jornada se lanzó oficialmente la consulta. La estrategia prevé ser presentada en el próximo Congreso Nacional de Educación y será implementada a partir del próximo ciclo escolar.
La sepultura de la libertad académica
Gómez Gamboa aseguró que la nueva estrategia puede implementarse como parte de una política del régimen de Nicaragua para controlar la educación en todos sus niveles.
«Cualquier acto que venga del Gobierno dirigido a intervenir la función universitaria, debe ser entendido como parte de una política de Estado contra universitarios y universidades críticas, como parte de una reducción del espacio cívico», dijo Gómez.
«Quiero recordar que estamos frente a un gobierno autoritario que ha materializado una política de Estado de reducción del espacio cívico traducida en la eliminación de personerías jurídicas de organizaciones y universidades que han sido documentadas», puntualizó Gómez.
Régimen busca unificar todos los subsistemas de educación
El jueves, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, en una entrevista a un medio de comunicación oficialista, confirmó que el régimen no tiene prevista la separación de los subsistemas de educación primaria, secundaria, universidades y técnicos.
«Considero que en Nicaragua hemos dado un salto importante en cuanto a la articulación de los subsistemas y yo me atrevo a decir que somos un modelo para Centroamérica y para Latinoamérica en lo que respecta a ese trabajo conjunto, a ese trabajo articulado de los subsistemas educativos, y considerar la educación en un proceso continuo, evolutivo», dijo Rodríguez.
No obstante, el 1 de diciembre de 2023, la Asamblea Nacional, bajo el control del orteguismo, aprobó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de Reformas a la Ley 582, Ley General de educación, despojando al Consejo Nacional de Universidades (CNU) de la administración de sus recursos, trasladándolos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Con esa reforma, las autoridades de las universidades no pueden nombrar ni remover a su personal académico o administrativo, aprobar sus planes de estudio y de investigación, a la vez que tampoco pueden elaborar el presupuesto interno.
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Entre diciembre de 2021 y 2024, el régimen ha cerrado al menos 30 universidades, entre estas, la Universidad Centroamericana (UCA), que después de confiscarla, destinó sus instalaciones para la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Según datos del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 2022 la matrícula general fue de 185,231 estudiantes, 58 % mujeres y 42 % varones. Con relación al nivel académico, el 91 % de la matrícula es a nivel de grado y el 4 % a nivel de pregrado y posgrado, respectivamente. El 64 % de la matrícula general se encuentra en las universidades estatales, un 5 % en las universidades comunitarias e interculturales y el 30 % de la matrícula corresponde a universidades privadas.
