Como es del conocimiento público, el recién pasado 26 de junio la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución titulada “Seguimiento a la situación de Nicaragua”.
La Resolución fue aprobada sin votación, pues ningún representante de los Estados miembros de la OEA se pronunció en contra ni se abstuvo. No se opusieron ni siquiera los representantes de los gobiernos izquierdistas que son amigos o al menos condescendientes con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, la aprobación del documento no fue exactamente unánime, porque la representación de El Salvador puso al pie de página una nota aclaratoria diciendo que “reafirma su posición de principios en materia de derecho internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado”. Como si la Resolución de la OEA fuese una injerencia impropia en problemas que son exclusivos de Nicaragua y la soberanía nacional fuera un atributo del gobierno y no del pueblo nicaragüense.
No obstante, la maliciosa objeción del gobierno salvadoreño no restó a la Resolución de la OEA la significación política de que ningún representante de los Estados miembros votó en contra, ni tomó la palabra para defender al régimen de Nicaragua, probablemente porque de acuerdo con los principios, valores y normas del derecho internacional humanitario, es indefendible.
La nueva Resolución de la OEA ha condenado al régimen de Nicaragua por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos, por la persecución religiosa, la supresión del Estado de derecho, el despojo de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes a muchos nicaragüenses, la represión a las comunidades indígenas, la falta de libertad de expresión y prensa, etc.
Formalmente Nicaragua ya no es miembro de la OEA, pues así lo decidió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, como se dice en la Resolución de la Asamblea General, la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina que los Estados Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…” Y el Estado de Nicaragua, a pesar de que ya no es miembro de la OEA sigue siendo parte de dicha Convención, que es un tratado de derecho internacional y al menos éticamente obliga a su cumplimiento.
Además, el artículo 1 de la Carta de la OEA estipula que este es un organismo regional de las Naciones Unidas. De manera que tiene derecho, por lo menos, de opinar y hacer recomendaciones sobre la situación política de Nicaragua, habida cuenta de que este país americano es parte de la ONU.
No podemos ni debemos dejar de reconocer el mérito de las asociaciones de exiliados nicaragüenses, como la Concertación Democrática Monteverde, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AUN), la de Nicaragüenses en el Mundo y el Espacio de Diálogo, etc., que unidos por encima de sus diferencias ideológicas realizaron un intenso y fructífero cabildeo político en la OEA en favor de la aprobación de la Resolución de la Asamblea General.
Es obvio que una resolución como esta no va a resolver ni a mejorar la compleja situación del país. Pero es una muestra de que el régimen autoritario de Ortega y Murillo está aislado hasta de sus propios afines ideológicos; de que los nicaragüenses democráticos no están solos sino que cuentan con la solidaridad política y moral de todos los gobiernos y pueblos que aprecian el valor de la libertad y la democracia. Y que se solidarizan con ellos por lo menos con acuerdos y resoluciones inspiradas en el derecho internacional humanitario.
