El medio de información internacional PanAmPost calificó como un “extraño intento de golpe de Estado” el suceso militar del miércoles 26 de junio en La Paz, Bolivia.
En el mismo sentido, el periódico de Bolivia, El Diario, presentó declaraciones de observadores y opositores democráticos de ese país, que calificaron el suceso como “un show montado por un Gobierno agobiado por la crisis, debilitado, sin institucionalidad ni credibilidad, el cual pretende escapar y reprimir toda forma de protesta a través de una ‘receta’ socialista externa”. Y “advierten que el supuesto montaje tuvo como objetivo recuperar el apoyo de organizaciones sociales y la comunidad internacional”.
En efecto, no solo las dictaduras de Cuba, Venezuela, que son afines al régimen del presidente socialista radical Luis Arce, sino que todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, lo mismo que la OEA, se pronunciaron en defensa de la “democracia” boliviana. Solo Estados Unidos se mostró cauteloso, un portavoz gubernamental declaró que estaban observando de cerca la situación y llamó a la calma y la moderación.
En realidad, lo único de democrático que tiene el gobierno de Arce, líder de una de las dos facciones del partido de extrema izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), es que fue elegido en una votación popular que, sin embargo, no llenó todos los requisitos de una elección auténtica y legítimamente democrática.
El régimen izquierdista de Bolivia no es radicalmente totalitario, como son los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero mantiene bajo asedio a la libertad de expresión y de prensa, no permite el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, ha obligado a exiliarse a muchos opositores y tiene en las cárceles a 279 presos políticos, entre ellos 46 mujeres.
Así lo ha denunciado —dando los nombres de todos los presos políticos— la ONG internacional humanitaria Global Human Right League, que dice en su informe correspondiente: “La violación a los derechos fundamentales en Bolivia no son casos aislados, son a grupos de personas que NO comparten el comportamiento totalitario de los que gobiernan, donde no hay separación de poderes y no hay elecciones transparentes y libres para el pueblo”.
Desde los años 80 del siglo pasado, al terminar el ciclo de las dictaduras militares Bolivia fue un país democrático, con los consabidos defectos de la democracia en América Latina y el Caribe. Pero en enero de 2006 llegó al poder el líder socialista autoritario Evo Morales, elegido por el pueblo boliviano porque no siempre las masas eligen a personas democráticas para que las gobiernen. A partir de entonces las instituciones democráticas fueron socavadas sistemáticamente por Evo Morales, lo que ha seguido haciendo su sucesor, Luis Arce, a pesar de los pleitos que hay entre ellos por cuestiones de liderazgo.
En Bolivia ocurrió lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten en su famoso libro titulado Cómo mueren las democracias. Que la democracia no termina solo por un golpe militar o una revolución, que “existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático, pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder”.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Bolivia. Lo mismo que ocurrió en Nicaragua desde que en 2007 Daniel Ortega tomó el poder gracias a que ganó la elección presidencial de noviembre de 2006. Fue hasta en 2018 que aprovechó la derrota de la rebelión democrática para barrer totalmente las libertades y derechos fundamentales, y para eliminar la institucionalidad democrática que con muchos esfuerzos, incomprensiones y sacrificios fue construida en el efímero período de los tres gobiernos de la democracia, del 25 de abril de 1990 al 10 de enero de 2007.
En conclusión, lo que hubo en Bolivia el miércoles pasado no fue un verdadero intento de golpe de Estado, ni lo que hay en ese país suramericano es una democracia en el verdadero sentido de la palabra.
