La principal dirigente de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, compareció el lunes 10 de junio corriente ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España.
Al explicar a los senadores españoles la situación política de su país con vistas a las elecciones presidenciales del 28 de julio próximo, Machado fue enfática al decir: “No somos ingenuos. Conocemos bien los obstáculos que enfrentamos, la realidad”.
Se refería sobre todo a que la persecución del régimen contra la oposición ha arreciado durante la campaña electoral, a la exclusión arbitraria de unos diez millones de ciudadanos con derecho a votar, a la presencia de grupos criminales armados que agreden e intimidan a la población. Así como a la decisión del régimen de no permitir que la Unión Europea sea observadora de las elecciones.
Según dice el periódico venezolano El Nacional en su editorial del miércoles de esta semana: “De todos los procesos electorales que se han realizado en Venezuela durante un cuarto de siglo este que conduce al 28 de julio es, en la opinión de gente que conoce a profundidad el tema electoral, el que se desarrolla en peores condiciones. (Pero) Ni aun así las fuerzas democráticas se han apartado de la ruta electoral”.
Es que como nunca antes las elecciones son valoradas por la mayoría de los venezolanos como la puerta de salida de la dictadura y de la profunda crisis socioeconómica y política nacional. De manera que, a pesar de todas las adversidades, la oposición no está optando por la abstención, como quisieran Nicolás Maduro y su camarilla.
La oposición está segura de vencer a Nicolás Maduro en las elecciones, pero desconfía de que el régimen permita finalmente que sean básicamente libres y competitivas. Además, no hay seguridad de que el régimen reconozca su derrota.
En América Latina la única experiencia de que una dictadura revolucionaria, socialista, izquierdista o como quiera que se le llame, arriesgó el poder en unas elecciones y admitió su derrota ante la oposición, es la de Nicaragua en febrero de 1990 cuando doña Violeta y la UNO le ganaron las elecciones a Daniel Ortega y el FSLN.
Pero las condiciones de Nicaragua en aquel tiempo eran diferentes a las de ahora en Venezuela. Los sandinistas aceptaron hacer elecciones básicamente libres y competitivas porque estaban seguros de que las ganarían. Y cuando las perdieron, aunque se resistieron a reconocer el resultado finalmente lo tuvieron que aceptar, pero reteniendo una gran cuota de poder e imponiendo el “gobierno desde abajo”, como llamaron a la campaña de sabotajes contra el frágil gobierno democrático.
Ese no es el caso de Venezuela en la actualidad. Nicolás Maduro y su camarilla saben que si las elecciones son libres las perderían irremediablemente. Y temen que si entregan el poder serían juzgados y condenados por los crímenes políticos que han cometido. Para ellos no es suficiente la declaración del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, de que si triunfa en las elecciones y asume la Presidencia de Venezuela no habrá persecuciones políticas contra nadie.
De manera que Maduro y su camarilla podrían decidirse finalmente por imponerse mediante un fraude electoral total, o meter en la cárcel a toda la dirigencia opositora como se hizo en Nicaragua en 2021, o suspender las elecciones con cualquier pretexto de seguridad nacional. Pero con la gran motivación electoral que hay en la ciudadanía venezolana el régimen podría provocar una reacción popular cuya fuerza es imposible calcular.
Al respecto el columnista político venezolano Vladimir de la Cruz opina en el periódico antes mencionado, que la actuación de los militares podría ser un factor determinante. “No sería necesaria una rebelión —asegura—, basta con que se abstengan de apuntar sus armas contra el pueblo”.
En realidad, cualquier cosa puede ocurrir en Venezuela antes o después del 28 de julio.
