El crimen perpetrado contra el nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, a manos del costarricense Eduardo Ramírez Zamora, podría eventualmente llevar ante la justicia de ese país a su padre y a su pareja.
Esto porque la viuda de Otoniel Orozco —acribillado a balazos el pasado lunes en un condominio en Escazú, Costa Rica—, está considerando incluirlos en la querella con acción civil (resarcimiento o indemnización por daños).
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La razón por la cual la viuda del nicaragüense asesinado está considerando llevar ante la justicia a la pareja y al padre del acusado, es porque ellos presuntamente alentaron a Eduardo Ramírez Zamora a cometer el crimen, dijo el abogado acusador José Francisco Ayala.
«La esposa de mi representado está considerando incluir al papá y a la esposa del acusado en la querella; porque ellos azuzaron para que se cometiera el asesinato», afirmó el abogado Ayala en declaraciones vía telefónica a LA PRENSA.
Juez confirma prisión
El jueves 6 de junio se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares y la autoridad judicial ratificó los tres meses de prisión preventiva para Eduardo Ramírez Zamora, quien enfrenta cargos por homicidio agravado, explicó el abogado acusador.
Entre las pruebas que la Fiscalía tiene pendiente de recopilar en el juicio están el dictamen post mórtem o autopsia y el peritaje o examen hecho a la pistola calibre nueve milímetros utilizada para perpetrar el crimen.
La Fiscalía y el abogado acusador con el dictamen médico legal estarán acreditando en el juicio la causa del deceso y el peritaje de balística con los cuales demostrarán que el arma estaba en buen estado para ser disparada, explicó el entrevistado.
Pena máxima
En la acusación presentada el pasado martes en el Juzgado Extraordinario de San José, la Fiscalía pidió la pena máxima de 35 años de prisión que establece la legislación penal por homicidio agravado, reveló el abogado acusador.
Ayala indicó que aunque el reo decida un proceso abreviado para obtener una pena mínima declarándose culpable, no cree que la Fiscalía pida una sentencia inferior a los 35 años.
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La parte acusadora considera que eventualmente pedirá ampliar el tiempo de prisión preventiva para el acusado y que el juicio probablemente se realizará en mayo o junio del 2025.
