Con la reforma de la Ley 800 y la derogación de la Ley 840, el régimen de Daniel Ortega ha reconocido tácitamente que el proyecto canalero de Wang Jing era un cuento chino, o sea un gran engaño. Por definición, cuento chino “es una frase coloquial que se usa cuando se quiere decir que una historia o una noticia es mentira, falsa, inventada, que no hay que creérsela”.
Pero no se trata de un engaño simple y evidente, sino de “una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad”. Como ha sido, ni más ni menos el caso del supuesto Gran Canal Interoceánico en Nicaragua.
La Ley 800 —que ha quedado vigente con una reforma parcial— es la que establece el régimen jurídico de un hipotético Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Mientras que la Ley 840, que ha sido derogada, era la que otorgaba al turbio “gran empresario” chino Wang Jing la concesión por cincuenta años, prorrogables por otros cincuenta, para construir la ruta canalera y otros proyectos complementarios o aparejados. Un megaproyecto que produciría enormes beneficios a Wang Jing, y algunos menores al régimen, pero enormes daños a Nicaragua, comenzando por la expropiación masiva de campesinos y graves e irreparables daños ambientales.
Muchos juristas y expertos nacionales y extranjeros indicaron que la ley para la concesión canalera a Wang Jing era mucho más onerosa, entreguista y vendepatria que el Tratado Chamorro Bryan de 1914 que dio en aquella época la concesión canalera a Estados Unidos.
Era peor, no solo por los términos de la concesión tan favorables a Wang Jing, sino porque fue hecha de manera voluntaria por el régimen de Daniel Ortega, mientras que el Tratado Chamorro Bryan fue impuesto por EE.UU. que en la etapa de su gran expansión imperialista había convertido a Nicaragua en un protectorado yanqui.
Por supuesto que el régimen no ha reconocido explícitamente el fracaso de su proyecto canalero, causado por la quiebra financiera de Wang Jing quien resultó ser un súper estafador como muchos lo sospechaban y advertían. Ni lo va a reconocer, porque en la precaria cultura política de Nicaragua no se suele reconocer los fracasos, mucho menos quienes detentan el poder.
El régimen canceló la concesión canalera porque ante la quiebra financiera y la descomunal estafa internacional de Wang Jing, no tenía más remedio que cancelarla. Sin embargo, mantiene vigente la ley del régimen jurídico del hipotético plan canalero, para guardar las apariencias o tal vez porque conserva la ilusión de que China podría hacerse cargo del desacreditado e incierto proyecto canalero.
Por el fracaso de lo que fue presentado como el proyecto de desarrollo más grandioso en la historia de Nicaragua, el régimen no causó el enorme daño ambiental que hubiera producido la construcción del enorme cauce en tierra firme y en el fondo del lago Cocibolca.
Pero sí ha causado un terrible daño humano, por los campesinos que por haberse opuesto activamente al proyecto canalero fueron encarcelados, desterrados y hasta despojados de su nacionalidad nicaragüense. Y por todas las familias campesinas que quedaron descabezadas y desarticuladas por la represión gubernamental.
