El jueves 25 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su más reciente informe sobre la situación de Nicaragua.
Nicaragua ya no es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH es un organismo autónomo. Pero esta sigue teniendo competencia para pronunciarse sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque este país es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ratificó en 1979.
En su último informe de 40 páginas sobre Nicaragua, la CIDH señala que continúa sin resolverse la grave crisis de derechos humanos que se desencadenó desde los acontecimientos sociopolíticos de 2018. En consecuencia la CIDH recomienda al Gobierno de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para superar esa grave crisis, “mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión”.
La CIDH demanda la liberación inmediata de todos los presos políticos que hasta el 15 de abril corriente eran 138; 17 más en lo que va del año 2024, según informó LA PRENSA basada en datos del organismo cívico Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. Y pide el organismo interamericano de derechos humanos la reversión de todas las medidas políticas y legales represivas, incluyendo la devolución de las personerías jurídicas y bienes confiscados a las víctimas, anulación de los decretos de cancelación de la nacionalidad de muchos nicaragüenses, el retorno seguro de los exiliados, etc.
En el capítulo de Recomendaciones el informe de la CIDH indica que el Gobierno de Nicaragua debe “sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil. Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”.
Sin embargo el régimen orteguista no reconoce la autoridad de la CIDH ni le concede ninguna importancia a sus recomendaciones. Para este régimen no hay una crisis de derechos humanos ni sociopolítica que sea necesario resolver, y menos mediante un diálogo con la sociedad civil —como recomienda la CIDH—, la cual ha sido desmantelada de manera implacable y metódica como parte del proyecto de totalitarismo político y social que está en desarrollo.
Por su parte, la oposición —que por causa de la represión únicamente funciona en el exilio—, hasta donde podemos saber no ha declarado tener ningún interés en volver a dialogar con el régimen actual, después de que este incumplió los acuerdos del diálogo nacional de 2019 en el Incae.
Sin duda que las recomendaciones de la CIDH son sensatas y bien intencionadas. Pero en el ambiente de extrema polarización ideológica e intolerancia política que hay en la sociedad nicaragüense, esas buenas recomendaciones son como prédica en la aridez y desolación de un desierto.
