Desde hace seis años, el mes de abril en Nicaragua es sinónimo del clamor por un proceso de transición democrática con garantías de verdad, justicia, reparación integral, y garantías de no repetición para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Abril también es un recordatorio urgente del deber moral de los países aliados del pueblo nicaragüense, que deben evitar que la impunidad continúe siendo el desgarrador telón de fondo de la crisis en Nicaragua.
Las evidencias de crímenes de lesa humanidad son abrumadoramente contundentes. Las más de 355 personas asesinadas y las más de 2,000 personas heridas durante las marchas del año 2018 son testimonio de la brutalidad con la que el Estado ha reprimido a su propio pueblo por manifestarse pacíficamente. La permanencia de 121 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones deplorables en centros penitenciarios insalubres, donde la atención médica es deficiente, las horas de exposición al sol son escasas y demás actos de tortura; ponen de manifiesto la falta de respeto por los derechos humanos más básicos y graves violaciones al debido proceso.
La celebración de elecciones nacionales y regionales en contextos altamente represivos, con la oposición encarcelada o desterrada y despojada de su nacionalidad nicaragüense, y ninguna garantía de transparencia y legitimidad democrática, es una afrenta a los principios fundamentales de la democracia. Además, la estrategia de tierra arrasada contra las organizaciones no gubernamentales, ha puesto fin a la existencia legal de más de la mitad de organizaciones dedicadas a los derechos humanos, derechos de las mujeres, protección de la niñez, medioambiente, entre otras; agravando aún más la crisis y dejando en total desatención a poblaciones que han sido históricamente marginalizadas.
La extensión de las represalias más allá de las fronteras, con los efectos del despojo de la nacionalidad y derechos ciudadanos a más de 317 personas nicaragüenses solo se compara con los momentos más sombríos de la historia, como los oscuros días bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Asimismo, el éxodo masivo del 6.5 por ciento de la población nicaragüense y su búsqueda desesperada de asilo o refugio en otros países, son síntomas evidentes del clima de terror impuesto por el régimen.
Estas no son solo cifras, son el testimonio tangible del sufrimiento infligido, y representan vidas destrozadas y comunidades enteras traumatizadas por la violencia y la represión de un régimen que se ha negado a aceptar cualquier oportunidad de dialogar, y que continúa evidenciando su voluntad de aislarse mientras consolida su cercanía a otros regímenes autocráticos para mantener el estado policial y socavar cualquier esfuerzo para lograr la rendición de cuentas.
No podemos olvidar que el régimen de Nicaragua no ha participado activamente en las revisiones de comités de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Civiles y Políticos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; más bien ha limitado sus participaciones a ofender a las personas miembros de dichos comités y a expresar “total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas”. A su vez, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Nicaragua ha participado para tildar los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y los del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de “injerencistas”; y se ha desligado totalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por todo lo anterior, y en concordancia con el más reciente informe del Ghren y la investigación de una comisión especial del Parlamento Británico “The Nicaraguan Inquiry: The Silencing of Democracy in Nicaragua”, es imperativo que los países aliados del pueblo nicaragüense no permanezcan pasivos y acudan a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La comunidad internacional ya tiene información para demandar a la dictadura por las violaciones a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia, y aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sería un paso crucial hacia la justicia y allanaría el camino hacia la democracia.
En este sexto aniversario, debemos levantar nuestras voces en solidaridad con las víctimas y exigir acciones concretas. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de actuar ahora, de garantizar que los responsables rindan cuentas y de demostrar que los crímenes de lesa humanidad cometidos no quedarán impunes. La justicia para Nicaragua no puede esperar más. ¡Es hora de actuar!
El autor es director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
