La crisis en las relaciones de México con Ecuador enseña claramente que las normas del derecho internacional público que se refieren al asilo y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, deben ser reformadas y actualizadas.
Como es bien conocido, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador porque la fuerza policial de este país asaltó el edificio de la embajada mexicana en Quito, para tomar preso al expresidente ecuatoriano Jorge Glas. Esa fue una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual dispone que las sedes diplomáticas son inviolables.
Nicaragua fue involucrada directamente en ese conflicto por el régimen de Ortega y Murillo, que rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México. Esto ha sido insólito, por no decir cínico, pues como lo recordamos en este mismo espacio editorial el lunes de esta semana, en diciembre de 2021 el régimen de Nicaragua ordenó el allanamiento y la confiscación de la sede de la Embajada de Taiwán en Managua, y en abril de 2022 hizo lo mismo con la de la OEA.
El Gobierno de Ecuador ha tratado de justificar su acción contra la Embajada de México alegando que Jorge Glas no era un perseguido político, sino un prófugo de la justicia ordinaria que lo ha condenado por delitos comunes de corrupción.
Pero aunque sea cierto eso no justifica el asalto a la embajada mexicana, porque de acuerdo con la mencionada Convención de Viena las sedes diplomáticas extranjeras no deben ser violadas por ningún motivo o razón.
Por otro lado, de acuerdo con la Convención de 1954 sobre Asilo Diplomático este no aplica cuando se trata de una persona contra la que “existe una acción judicial derivada de delitos comunes”. Sin embargo, la misma Convención establece que corresponde al Estado territorial calificar si se trata de un caso político o de delincuencia común, sin señalar los criterios que se deben tener en cuenta para hacer tal calificación.
De manera que hay un gran vacío en dicha Convención, el cual debería ser llenado para que la calidad de perseguido político o delincuente común del solicitante de asilo sea correctamente determinada y evitar conflictos como el de Ecuador con México. Y en el caso de la Convención de Viena, se debería establecer que ninguna sede diplomática extranjera debe refugiar a delincuentes comunes que han sido debidamente juzgados y sentenciados por la justicia ordinaria del país de que se trate.
Esas reformas son necesarias también para proteger a personas que realmente son perseguidos políticos, pero han sido juzgadas y condenadas por falsas acusaciones de delitos comunes, y con base en leyes políticamente represivas, por sistemas judiciales espurios y venales de países con dictaduras o regímenes corruptos.
Al respecto el académico argentino Héctor Schamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, opinó el miércoles de esta semana en una comparecencia en el medio Confidencial, que para evitar repeticiones de crisis diplomáticas y políticas como la de Ecuador con México, se debería convenir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva mediante un procedimiento expedito “cualquier disputa, cualquier diferencia sobre interpretaciones legales”; y que determine “medidas cautelares de emergencia que salvaguarden los derechos de las potenciales víctimas”.
Según Schamis eso podría presionar a los Estados que dan asilo a figuras que no son perseguidos políticos, sino delincuentes comunes que les interesa proteger. Y aludió al caso de Panamá, donde el expresidente panameño Ricardo Martinelli se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua, que le ha concedido asilo político, pero el gobierno panameño no le extiende un salvoconducto para que salga del país, pues alega que la justicia panameña lo ha condenado por comprobados delitos comunes de corrupción.
La sugerencia del experto argentino es válida. Sin embargo, con tantos pillos autoritarios y corruptos gobernando en muchos Estado de las Américas y el mundo, es muy difícil que se pueda aprobar esas reformas al derecho internacional público sobre el asilo y las relaciones diplomáticas.
