La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el martes una nueva prórroga del régimen de excepción que entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y en virtud del cual se ha detenido a 79.211 personas por supuestos vínculos con pandillas.
Se trata de la 25ta extensión a la medida, la cual se implementó en todo el territorio nacional pocos días después de que el país registró 62 homicidios en un solo día. En respuesta a la jornada de violencia, el gobierno del presidente Nayib Bukele movilizó a miles de policías y militares para cercar y detener a presuntos integrantes de pandillas.
El decreto de prórroga tiene vigencia hasta el 10 de mayo.
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El régimen de excepción mantiene suspendidas las garantías de la población general que se establecen en tres artículos de la Constitución. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, prolongar la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días y no están obligados a informar sobre los motivos de detención.
Los detenidos también pierden el derecho a ser informados de los motivos de su aprehensión y acceder a un abogado para su defensa.
Como parte del combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el formar parte de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, se aplican penas de 20 años de prisión para adolescentes mayores de 16 años, y hasta 10 años de cárcel a los niños mayores de 12.
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Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constituciones no puede exceder los 30 días. Trascurrido el plazo, podrá prolongarse por igual periodo y mediante nuevo decreto en caso de que prevalezcan las circunstancias de su implementación original.
Al solicitar la nueva prórroga del régimen de excepción, el Consejo de ministros del gobierno de Bukele sostuvo que es necesario porque “aún permanecen” pandilleros y sus cabecillas en libertad y que suspender la medida sería un “retroceso” en el tema de seguridad.
Según el gobierno, con las medidas extraordinarias la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6.665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 fallecimientos de presuntos pandilleros que murieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas. En lo que va de 2024 se contabilizan 34 homicidios, según datos oficiales.
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La ONG Socorro Jurídico asegura que durante los dos años de vigencia del régimen de excepción han muerto al menos 241 personas en prisión, y que “el 44% falleció por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente”.
Seis organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron un reporte en el que registran 6.305 violaciones a los derechos humanos de la población y detallan casos de detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y muertes en las cárceles.