Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional presentaron este lunes 8 de abril una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y a la Ley de Bienes Raíces, para quitarle al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) la función de regular los bienes raíces.
La exposición de motivos expresa que «se constató la necesidad de trasladar las funciones establecidas en la Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), como autoridad de aplicación, manteniendo las obligaciones de los corredores de bienes raíces y sus agentes ante la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y Ley N° 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, bajo el mismo control como sujetos obligados», manifiesta el escrito.
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Se reforma el artículo 3 de la Ley de Correduría de Bienes Raíces para anular al Mific como ente regulador y poner en su lugar al Invur, por medio de la Unidad de Correduría de Bienes Raíces. A la vez, se reforma la Ley del Invur para agregar esta nueva función.
Iniciativa
La Ley orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Ley 428) establece que «el Invur es el órgano rector de la vivienda urbana y rural y promotor del fortalecimiento del sector en su totalidad, en todo el territorio nacional, tiene por objeto la programación del desarrollo urbano y rural de la vivienda, debiendo facilitar, diversificar y racionalizar la construcción de toda clase de edificios destinados a casa de habitación».
La Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua (Ley 1129) tiene por objeto «regular el corretaje de bienes raíces, protegiendo la relación jurídica entre el contratante y el corredor de bienes raíces, desarrollando la confianza en el mercado inmobiliario, garantizando el rol del Estado como facilitador de la actividad económica y contribuyendo al sistema de control y prevención de actividades ilícitas relacionadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva».
La iniciativa de reforma y adiciones a estas dos leyes fue presentada por los diputados Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Gloria Raquel Dixon, primera secretaria del Legislativo; Edwin Castro y Wilfredo Navarro. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde será consultada antes de ser aprobada.
La Asamblea Nacional de Nicaragua está dominada por los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega, así que no tienen problemas para aprobar las leyes y decretos que ellos mismos presentan o envía Ortega.
