El Ministerio del Interior (Mint) se convertirá en el órgano superior de control, seguimiento y evaluación del delito de la trata de personas, según la nueva iniciativa de reforma a la Ley contra la trata de personas (Ley 896), presentada este lunes 8 de abril en la Asamblea Nacional.
Esta propuesta de ley fue presentada por los diputados oficialistas Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Loria Raquel Dixon, primera secretaria del Legislativo, Edwin Castro y Wilfredo Navarro. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, donde será consultada antes de su próxima aprobación.
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Actualmente, la Ley 896 establece a la Coalición Nacional contra la Trata de Personas como instancia de «consulta y coordinación para la formulación e implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, así como la persecución y sanción del delito de trata de personas».
A la vez, esta Coalición Nacional está bajo la dirección del Comité Ejecutivo Nacional, «máxima instancia ejecutiva» y «la autoridad competente para la consecución de los fines del Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, definido por el Gobierno de la República y la presente Ley».
Todo eso será anulado por la reforma, que sin duda será aprobada por la aplanadora del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene mayoría en el parlamento nicaragüense.
Lo que dice la iniciativa de reforma a Ley 896
La exposición de motivos de la iniciativa de refoma expresa que «tiene por objeto establecer al Ministerio del Interior como la autoridad administrativa de aplicación para proteger a las víctimas de Trata de Personas, teniendo la responsabilidad de formular, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, apoyándose de todas las instituciones involucradas, según el ámbito de sus competencia».
La iniciativa de ley anulará la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, para designar al Mint «como autoridad administrativa para la aplicación de la presente ley».
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También cambia el ente administrador del Registro Nacional Único de Información sobre Trata de Personas, que actualmente es el Comité Ejecutivo Nacional.
La reforma establece que el Registro Nacional Único de Información sobre Trata de Personas será «administrado por el Ministerio del Interior, con el objeto de disponer de una base de datos estadísticos y de información, así como la protección y asistencia de las víctimas de este delito en Nicaragua».
Anularán fondo para las víctimas de trata
El artículo 18, sobre el «Destino de los recursos provenientes de distintas fuentes y del delito de trata de personas» será totalmente cambiado por «Financiamiento».
Actualmente el artículo 18 establece la creación del «Fondo para la prevención, atención, protección a víctimas del delito de trata de personas, así como la investigación, persecución y sanción del mismo que será administrado por el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad al orden de prelación contenido en la presente de Ley y cualquier otra prioridad que establezca el Comité».
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Esta artículo también establece que las fuentes de financiamiento del Fondo son: partida presupuestaria del Presupuesto General «exclusivamente para la prevención, atención y protección a víctimas del delito de trata de personas, así como investigación, persecución y sanción del mismo, que será administrado por el (entonces) Ministerio de Gobernación». Y también serán fuentes de financiamiento los recursos que provengan de donaciones de organismos internacionales, proyectos y alianzas estratégicas, agencias de cooperación internacional, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
Con la reforma el artículo 18 quedará de la siguiente manera: «Ingresarán al Tesoro General de la República; todos los recursos que provengan de donaciones, proyectos, agencias de cooperación, asociaciones, instituciones privadas nacionales o extranjeras y cualquier otra, así como el dinero incautado, decomisado y abandonado, proveniente de la comisión del delito de trata de personas».
¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas es un delito en el derecho internacional. Las Naciones Unidas define a la trata de personas como «el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación».
La explotación incluirá, como mínimo, prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos.
