El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles 3 de abril su última resolución sobre Nicaragua, que desde noviembre del año pasado ya no pertenece a esa organización hemisférica de Estados y gobiernos.
El propósito principal del Consejo Permanente de la OEA ha sido disolver el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que fue creado institucionalmente en 2018 para procurar una solución democrática a la crisis sociopolítica en este país que dejó un saldo de por lo menos 355 personas muertas, el desmantelamiento de su precaria institucionalidad democrática y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses.
La resolución de la OEA de esta semana, que se aprobó sin votos en contra, pero con la reserva negativa de las representaciones de tres Estados aliados o amigos del régimen de Nicaragua (Bolivia, San Vicente y las Granadinas y El Salvador), como medida de consolación habla de la creación de un grupo voluntario de países para seguir observando “sin velo de oficialidad” la situación nicaragüense.
Pero si la OEA no pudo hacer nada más que emitir declaraciones sobre Nicaragua cuando este país era parte de la Organización, mucho menos que pueda hacer algo efectivo ahora que ya no lo es. De manera que ha parecido desproporcionada la airada reacción de la vicepresidenta de Nicaragua contra la inocua resolución de la OEA, la que solo se explica por importancia excepcional que los líderes del régimen nicaragüense le dan a la lucha ideológica y propagandística. Pero sobre todo porque son extremadamente sensibles a las críticas externas y aprovechan estas situaciones para atacar duramente a Estados Unidos y los organismos internacionales de constitución democrática, como es la OEA.
Por cierto que la referida Resolución del Consejo Permanente de la OEA llama a los Estados miembros a hacer todo lo posible para convencer a las autoridades de Nicaragua de que se reincorporen a la Organización. Lo cual parece un sinsentido, considerando que el régimen nicaragüense no quiere pertenecer a la OEA, a la cual desprecia inmensamente.
Para que un Estado pertenezca o reingrese a la OEA debe de acatar la Carta de la Organización en la cual se establece que los países miembros deben gobernarse por medio del sistema de la democracia. Y también debe de cumplir las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana que explica en detalle los requerimientos de la democracia que debe practicar todo Estado miembro de la OEA.
Lo cierto es que Nicaragua solo podrá volver a la OEA cuando vuelva a tener un Estado que respete las libertades individuales de las personas, que funcione de acuerdo con la democracia representativa, que garantice el Estado de derecho y el respeto incondicional a los derechos humanos.
Es el mismo caso de Cuba, que fue excluida de la OEA en 1962 por haber adoptado el sistema comunista; y de Venezuela, que por tener un régimen antidemocrático se retiró voluntariamente de la Organización en abril de 2019. De manera que no tiene sentido pedir a esos países que regresen a la OEA, mientras no se restablezca en ellos la democracia representativa que se basa en la vigencia de las libertades personales y públicas, el pluralismo político, las elecciones libres periódicas y la alternabilidad en el poder.
Aunque en esta época de decadencia de la democracia y avance de los autoritarismos, no sería raro que la OEA aceptara el regreso de Cuba, Venezuela y Nicaragua con todo y sus sistemas políticos enemigos de la democracia y del respeto a los derechos humanos.
