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Médicos del sector público como propiedad del Estado

El viernes de la semana pasada los medios de comunicación independientes informaron de una disposición gubernamental que ha causado mucha inconformidad entre los médicos generales que aspiran a graduarse en la especialidad médico-quirúrgica en el período 2024-2028.

Se trata de que para obtener las becas de residencia que les permitirá  obtener la especialidad, los médicos tendrán que trabajar para el Estado durante los diez años siguientes después de  haberse graduado, o pagarle más de 61 mil dólares en compensación.

Las becas son otorgadas por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua. La cual es autónoma solo de nombre, pues a las universidades públicas les han quitado la autonomía, ahora están sometidas al Estado, tanto administrativa como académicamente. Y además tienen que cumplir los lineamientos ideológicos y políticos del FSLN.

Por cualquier lado que se le mire, es una barbaridad obligar a los médicos a trabajar para el Estado durante diez años después de graduarse como especialistas, con los precarios sueldos que paga el sector público a los trabajadores de la salud. Y además es una iniquidad obligarlos a pagar la cantidad de dinero antes mencionada en el caso de que no quieran seguir trabajando para el Estado   

Los médicos tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas y opciones de trabajo. Es decir, servir en el sector público o ejercer de manera privada. Esto es algo consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución de Nicaragua, para lo que pueda valer en la realidad.

Se entiende que los médicos tengan el deber moral, profesional y legal de prestar un servicio social después de graduarse. El servicio social de los médicos se originó en el siglo XIX en Inglaterra y pronto se extendió a Estados Unidos, con el objetivo de procurarle asistencia médica a la gente que vivía en condiciones de extrema pobreza.

En Nicaragua, la Ley del Servicio Social Obligatorio fue aprobada en 1968 por el poder legislativo que en ese tiempo se llamaba Congreso Nacional. En los considerandos de aquella Ley se dijo que su objetivo era que los graduados universitarios tuvieran “un mejor conocimiento de la realidad nacional, estimulando el desarrollo de su amor a la Patria y de su sensibilidad social, y les brindará la oportunidad de compensar con sus servicios al pueblo nicaragüense, los esfuerzos que éste ha realizado para su formación, mediante el pago de impuestos indirectos y contribuciones para el mantenimiento de los Centros de Enseñanza”.

La Ley determinó que el Servicio Social Obligatorio se prestaría “por un mínimo de seis meses y un máximo de un año”, al contrario del reglamento gubernamental de ahora que cuando menos se le puede calificar como draconiano, o sea “excesivamente severa”. Inclusive, la Junta de Gobierno sandinista reformó la mencionada Ley en enero de 1981, pero mantuvo el mínimo de seis meses y máximo de un año para prestar el Servicio Social Obligatorio.

Eso era lo justo y razonable. Lo que se pretende ahora es absolutamente injusto, irracional y arbitrario.

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