La Procuraduría General de la República declaró de utilidad pública 36 hectáreas (8,591.02 metros) ubicadas en los municipios de Tola y San Juan del Sur, ambos del departamento de Rivas, para la continuidad del proyecto de la Carretera Litoral del Pacífico —conocida como La Costanera—, según el Acuerdo Administrativo 08-2024, publicado este miércoles en el diario oficial La Gaceta.
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El área afectada se encuentra segmentada en diez lotes que se encuentran ubicados en la comarca El Coyol, sector Brito, municipio de Tola y en la comarca Las Marías, municipio de San Juan del Sur.
El Acuerdo establece al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) como la entidad ejecutora que continuará desarrollando e implementando el proyecto de la megacarretera costera.
El Acuerdo Administrativo 08-2024 detalla que la declaratoria de utilidad pública afecta parcialmente las propiedades de la entidad Promotora de Desarrollo Ecoforestal Sociedad Anónima (Ecoforestal) y de Inversiones Brito Sociedad Anónima.
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LA PRENSA intentó comunicarse con algunas de las familias y propietarios de las fincas ubicadas en esos terrenos, pero hasta la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.
¿Por dónde pasará la Costanera?
Los tramos de la Costanera atravesarán comunidades de los departamentos de Rivas, Carazo, Managua, León y Chinandega. También la nueva carretera potenciará el desarrollo de las playas de Tupilapa, Playa Hermosa, Huehuete, El Tamarindo, Casares, La Boquita, Masapa, Pochomil y Masachapa, entre otras, según ha mencionado la vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo, en sus comunicaciones.
El empresario y opositor nicaragüense desterrado, Juan Sebastián Chamorro, manifestó que lo más probable es que la declaratoria de utilidad pública implique caminos ya existentes y lotes próximos a la ruta, lo que supondría que no tienen que ser afectadas propiedades privadas.
“Puede ser que algunas propiedades solo vayan a afectar una parte, pero no toda la propiedad” declarada de utilidad pública, explicó Chamorro.
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No hay duda que la realización del proyecto de la Costanera sería una inversión para el desarrollo del país, pero también es un hecho que el régimen gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por el dictador Daniel Ortega, no goza de la confianza de los inversionistas ni es conocido por terminar sus megaproyectos, además que los sandinistas tienen una larga tradición de confiscaciones y robos de propiedades en el turístico y cotizado sector de las playas de Rivas, lo que ha convertido al país en un lugar sin seguridad jurídica.