La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó los señalamientos que realizó Panamá por la «actitud permisiva» de Nicaragua para que el expresidente de Panamá utilice la sede diplomática de Managua en el país canalero para actividades político-partidistas, y en su lugar acusó a Panamá de «violar las convenciones internacionales» sobre el asilo político.
En un intercambio de notas, Nicaragua le exigió a Panamá, gobernada por Laurentino Cortizo, que reconozca el asilo político y otorgue el salvoconducto a Martinelli, condenado en su país a diez años y ocho meses de cárcel por blanqueo de dinero en el caso New Business, para que este pueda viajar a Managua, lo que Panamá ha rechazado enfáticamente.
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«No reconocer el asilo y negar el salvoconducto, constituye una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al artículo 2, disposición tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928, que establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible», indica la nota de prensa con fecha del 18 de marzo y firmada por el canciller orteguista Denis Moncada.
Nicaragua envió esa misiva en respuesta a otra «nota de protesta» de la Cancillería de Panamá, fechada el 14 de marzo y dada a conocer el lunes 18 de marzo. «Al respecto, la República de Nicaragua rechaza de manera categórica el contenido de la nota, y reitera su apego al derecho internacional», señaló Moncada.
Lo que le dijo Panamá
La Prensa de Panamá detalló que Moncada «le escribió cuatro páginas a la Cancillería panameña para rechazar ‘de manera categórica’ el contenido de aquella nota del 14 de marzo».
Es importante mencionar que Panamá ha enviado varias notas a Nicaragua desde que Martinelli se refugió en la sede diplomática, en La Alameda, el pasado 7 de febrero. Entre ellas, la del 14 de marzo, en la que la Cancillería de Panamá protestó porque Martinelli utiliza la Embajada para actividades político partidistas, lo cual constituye «una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del Gobierno de Nicaragua».
Lo anterior —apuntó Panamá— «con el silencio de sus autoridades, lo cual, para los efectos, es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del Gobierno de Nicaragua».
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, a cargo de Janaina Tewaney, le exigió a Nicaragua «observar su obligación internacional de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961».
El 18 de marzo, según informó la Cancillería de Panamá en un comunicado envió una carta de protesta a Nicaragua, «por la actitud permisiva del Gobierno nicaragüense en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, contraviniendo de manera abierta y desafiante el desarrollo de la función diplomática en el país receptor».
En esa misma línea, Panamá exigió a Nicaragua «observar su obligación internacional de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961».
Asilo «es un asunto meramente humanitario»
La dictadura de Nicaragua le recordó así a Panamá que «el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario, de acuerdo con las convenciones que lo regulan».
Y en esa línea, reiteró que el «asilo a Martinelli ha sido concedido por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad».
También el régimen orteguista supuestamente reafirmó su respeto al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
«El otorgamiento del asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal es un asunto meramente humanitario y es consecuente con el derecho internacional en esta materia», manifestó Moncada.
«No contribuye a las buenas relaciones de amistad»
El régimen orteguista a inicios de este mes trasladó de lugar la oficina de su sede diplomática, una decisión que Panamá no reconoce. El Consulado se trasladó a una vivienda identificada como 61B, una instalación contigua a su sede diplomática, en la que permanece asilado el exmandatario Ricardo Martinelli desde el pasado 7 de febrero.
La dictadura, a través de una nota de prensa, le informó a Panamá, el pasado 4 de marzo, que su Consulado funcionaría en una casa contigua donde mantiene su sede, en la urbanización La Alameda y donde se encuentra refugiado el exmandatario Martinelli.
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«Al respecto, este Ministerio transmite que de conformidad al artículo 25 del Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, el Estado de la República de Panamá, en su carácter de Estado Receptor, tiene la obligación de brindar todas las facilidades para el desempeño de la misión del Estado acreditante», indicó la misiva con la que la dictadura respondió a Panamá.
A su vez, Moncada subrayó lo que establece el artículo 4 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares referidos en la nota panameña «no es de aplicación para el caso en concreto» debido a que «Nicaragua solamente ha efectuado una ampliación de sus instalaciones diplomáticas y consulares, proporcional a los servicios que presta, para atender a nuestros connacionales dignamente».
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, reaccionó y dijo que «la Convención de Viena que menciona la dictadura fue la misma que pisotearon cuando asaltaron y confiscaron la sede de la OEA en Nicaragua. El mismo régimen que confiscó la Embajada de Taiwán y atacó con turbas la Embajada de Estados Unidos en Managua».
La dictadura finalizó asegurando que la nota de la Cancillería de Panamá «no contribuye a las buenas relaciones de amistad entre ambos países, ni responde a la reciprocidad en el buen trato, acogida y facilidades brindadas a la República de Panamá en Nicaragua».
