Aunque los grupos de exterminio en El Salvador son conocidos desde la época del conflicto armado, la violencia generada por las pandillas hizo que estas bandas cobraran mayor notoriedad hace cinco años, tras conocerse que agentes del Estado salvadoreño asesinaban pandilleros en un afán de darle una solución silenciosa al problema de la inseguridad que vivía el país.
Pero con la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, medida con la que El Salvador desarticuló a las pandillas en los barrios populares, se esperaba que las ejecuciones extrajudiciales terminaran. Sin embargo, no ha sido así.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH), entre mayo de 2022 y abril de 2023 hubo 25 casos de ejecuciones extrajudiciales en el país centroamericano. Es decir, 25 casos en los que un agente o un grupo de agentes del Estado asesinaron a una o más personas.
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Asimismo, hubo 32 casos de muerte dolosa o culposa en manos de autoridades salvadoreñas, y 13 por el uso ilegítimo de la fuerza.
Para la especialista en violencia y seguridad ciudadana en América Latina, Verónica Reyna, los grupos de exterminio en El Salvador se han mantenido “más o menos intactos” dentro de la policía salvadoreña.
“Estos grupos se activan de acuerdo a las políticas estatales de los gobiernos. Si el gobierno es más represivo, se tiende a permitir grandes violaciones a los derechos humanos desde la institución policiaca. Es decir, desde la impunidad, es muy probable que ahora mismo estos hechos estén ocurriendo de nuevo en mayor o menor medida que los ocurridos entre 2014 y 2018”, dijo Reyna a la Voz de América.
En 2015, las pandillas asestaron su golpe más duro contra la ciudadanía salvadoreña tras elevar la tasa de homicida a 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Ese nivel de violencia, que no se veía desde la guerra civil ocurrida entre 1980 y 1992 en El Salvador, hizo que la mayoría de la población salvadoreña considerara viable la opción de “eliminar” a los grupos que generaban violencia, según un sondeo publicado en 2020 por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas.
Desde entonces, la policía se ha perfilado como la principal institución detrás de las ejecuciones extralegales. Según la Procuraduría —que en 2019 reconoció por primera vez esta práctica por parte de la policía— algunos enfrentamientos armados en esos años fueron usados para encubrir estas ejecuciones.
En un contundente informe, la procuraduría reveló 48 casos, con 116 víctimas mortales que fueron ejecutadas por policías salvadoreños entre 2014 y 2018, período en el que aumentaron los enfrentamientos entre la policía y las pandillas luego de que se dio por terminada la tregua entre el gobierno de Mauricio Funes y la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
La institución acusó a la policía de hacer un uso excesivo de la fuerza y de simular enfrentamientos armados para asesinar supuestos delincuentes. Cada víctima recibió al menos nueve disparos en promedio, y tres de cada 10 sufrieron lesiones que indicaron torturas antes de morir.
“Quien nunca ha estado en un conflicto de ese tipo no puede entender lo que pasa. Desde afuera, todo se puede arreglar. La gente dice ‘hubiera hecho esto o lo otro’, pero solo quienes hemos estado en las filas policiales y hemos enfrentado sujetos armados podemos entender cómo es el escenario de un intercambio de disparos”, dijo a la VOA Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía en El Salvador. “Lógicamente, las instituciones que vigilan esto han buscado señalar que el policía es una especie de forajido que anda asesinando”
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Pero el modus operandi de las ejecuciones extralegales no ha sido únicamente el de los enfrentamientos armados. El observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) identificó, entre 2015 y 2020, 15 grupos de exterminio en El Salvador. Algunos de ellos planificaron los asesinatos y actuaron de madrugada.
Reyes no descarta que detrás de esas ejecuciones extralegales haya algún policía que —a título personal y no como miembro de una estructura criminal enquistada en la institución— se haya dedicado a exterminar pandilleros en los últimos años. Pero está convencido que dentro de la institución no hay grupos de exterminio que operen como tal.
En su más reciente informe, la Procuraduría no detalla las circunstancias en la que se dieron los 25 casos de ejecuciones extralegales. Pero eleva a la institución policial como la principal perpetradora de violaciones a derechos humanos en El Salvador.
Las pandillas replegadas desde el Estado
Con una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, El Salvador es uno de los países con la menor violencia homicida de la región.
Sin embargo, las cifras de homicidios no incluyen las muertes de presuntos pandilleros o delincuentes en enfrentamientos con agentes policiales y militares. Tampoco incluyen las muertes violentas en centros penales ni el hallazgo de osamentas.
Las imágenes de presos hacinados y en condiciones insalubres son solo una muestra de lo que el gobierno de Nayib Bukele ha hecho con las estructuras criminales a las que les ha aplicado un corte represivo desde el Estado.
Desde 2020, la policía salvadoreña tiene licencia de matar en defensa propia.
“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en abril de 2020 cuando las pandillas ocasionaron una de las últimas grandes matanzas.
Pero la verdadera mano dura contra las pandillas no llegó hasta marzo de 2022, cuando Bukele impuso un régimen de excepción que se mantiene vigente hasta ahora.
Ese año hubo 171 enfrentamientos armados entre policías y pandilleros. Un 62,9 % más que los registrados en 2021.