El 28 de febrero se dio por concluido el cierre de “campaña electoral” para los comicios en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua que se efectuarán el domingo 3 de marzo bajo total control del partido de Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mismo que se ha encargado a toda costa de presionar a trabajadores del Estado para que efectúen su voto, ofrecer grandes promesas y hostigar a opositores.
Olga Valle, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, en entrevista para LA PRENSA explicó que han consolidado redes ciudadanas en todo el territorio nacional, incluyendo los 15 municipios que este domingo 3 de marzo van a salir a votar en la Costa Caribe.
“La mayoría de las denuncias señalan que el FSLN está desplegando todo tipo de estrategias para coaccionar el voto, desde la presión a trabajadores del Estado, hasta promesas de dinero, viviendas, semillas y otros medios de vida. Asimismo, están instrumentalizando del conflicto territorial y prometiendo el inicio del saneamiento con un discurso ambiguo”, afirmó Valle.
Además denunció que en las últimas semanas recibieron 47 denuncias sobre irregularidades en las candidaturas, que incluye préstamo de militantes, usurpación de identidad, etnia y circunscripción falsa.
“Hemos recibido información de agresión de militantes del FSLN a simpatizantes de otros partidos, así como hostigamiento policial en viviendas de personas opositoras. Desde hace varias semanas también tuvimos información sobre un incremento en la militarización de algunos territorios indígenas”, agregó.
Recursos públicos
Valle explicó que el andamiaje estatal ha estado enfocado en el uso de recursos públicos para hacer campaña por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en lugar de la represión.
“Tenemos información de que alcaldes, trabajadores públicos, policías, maestras y bomberos han estado presentes en eventos públicos y en visitas casa a casa pidiendo el voto”, describió.
Urnas Abiertas reveló que desde el inicio del proceso se observó una narrativa engañosa en donde el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) indicaba que eran el único instrumento para hacer justicia por las invasiones y las detenciones de Yatama y que por eso debían de votar por ellos.
Por su parte, el FSLN se ha dedicado a intentar convencer a la base política de Yatama, realizando visitas a comunidades y entregando beneficios sociales en circunscripciones donde históricamente ha ganado este partido.
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Posible violencia
Respecto a lo que pueda suceder durante y después de las votaciones por el descontento de la población sobre los ya conocidos resultados, Valle mencionó que la agresión es inminente
“El comportamiento del régimen ha sido detener o agredir a las personas que señalen las ilegalidades e irregularidades. En las elecciones de 2022, simpatizantes de Yatama fueron detenidos en Bilwi porque protestaron por el fraude cometido en Waspam”, recordó.
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Poca participación
Desde el 9 de febrero, cuando dio inicio oficialmente la campaña electoral, el organismo junto con las redes ciudadanas observó actividades de campaña con una participación reducida en todos los partidos colaboracionistas.
Estos informaron que durante el período se prohibió la realización de mitines y reuniones, así como perifoneos móviles. La Policía orteguista, que según la reforma de 2021 tiene potestad de aprobar las actividades de campaña, solamente permitió la realización de visitas casa por casa. “El FSLN no se vio limitado en las actividades realizadas”, subrayó el observatorio.
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Para Valle, la situación de violencia política que más alarma es que el diputado Brooklyn Rivera se encuentra en condición de desaparecido, “desde su detención el Estado no ha dado ninguna prueba de vida”.
Según el organismo de denuncia y fiscalización, la cancelación de Yatama y la obstaculización de que partidos regionales encabecen propuestas políticas en el proceso electoral “ha provocado una desmotivación generalizada entre la población costeña”, por esa razón señalan que tanto el FSLN como los partidos colaboracionistas han desplegado todo tipo de estrategias para coaccionar el voto.
“No me sumo a esa locura”
Líderes caribeños y afrodescendientes consultados por LA PRENSA dijeron sentirse abusados por el régimen durante este proceso, principalmente porque no hay competitividad electoral.
“Lo que hay aquí es un circo, no hay por quién votar y el resultado es más de lo mismo que ya sabemos. Esto es un abuso contra nuestras comunidades y regiones, yo por ejemplo no me sumo a esa locura, no saldré a votar”, expresó un ciudadano de Bluefields.
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Agregó que desde que el partido de Gobierno tomó el poder en 2007, la autonomía de los pueblos caribeños ha ido en declive, “quienes mandan son ellos, aunque tengamos nuestros líderes, quienes toman las decisiones son solamente ellos”.
Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), en total hay 308 Centros de Votaciones Electorales (CVE) en las dos regiones del Caribe, y se han habilitado 480 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el Caribe Norte, 271 JRV en el Caribe Sur, para un total de 751 JRV.
Para el observatorio Urnas Abiertas, durante todo el proceso de campaña “los partidos políticos colaboracionistas (PLC, ALN, Apre, PLI) demostraron su poca capacidad de participar, incluso en un proceso fraudulento como este, tanto para desplegar una campaña electoral como para garantizar sus candidaturas”.