La Policía orteguista en el afán de demostrar que las políticas públicas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo protegen la vida y derechos de las mujeres nicaragüenses informó que en lo que va del año —de enero al 14 de febrero— ha recibido un total de 116 denuncias por el delito de violación y 75 por abuso sexual, de las cuales cerca del 90 y 80 por ciento de los casos respectivamente «han sido resueltos».
El comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía, presentó a través de los medios oficialistas los resultados del «Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer dirigido a Madres de Familia», de la última semana comprendida del 7 al 14 de febrero, que supuestamente promovieron 130 asambleas de seguridad realizadas en las Comisarías de la Mujer en los 153 municipios del país.
Vanegas, presentando la cantidad de delitos que atendieron durante 2023 y en lo que va de 2024 en un cuadro comparativo, señaló que en relación con el año pasado «la efectividad de nuestra Policía Nacional se ha mantenido igual, tenemos 116 denuncias (por el delito de violación) recibidas en el año 2024».
Sobre los casos de abuso sexual dijo que «ha habido una rebaja de denuncias sobre ese tipo de delitos». Los datos presentados dicen que en 2023 documentaron 86 denuncias y se resolvieron 80; mientras que en 2024 recibieron 75 y 60 de esas ya están resueltas.
Las cifras actualizadas en el anuario estadístico de 2022 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) arroja que Nicaragua registró unos 2,806 delitos sexuales enmarcados en la violencia intrafamiliar en ese año.
El Anuario Estadístico publicado el pasado 13 de febrero, con más de un año de retraso, apunta que en cuatro años, Nicaragua ha registrado 11,588 casos de delitos sexuales. No obstante, en el 2022 aumentaron los casos con 131 más en comparación con los 2,675 casos registrados en 2021.
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Aunque defensores independientes ponen en dudas que las cifras que presenta la dictadura por medio del Inide sean reales, advierten que son cifras alarmantes.
«No hay voluntad por parte del régimen Ortega Murillo para atender la problemática de la violencia que sufren las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, es repudiable y lamentable, imaginémonos que estos datos sean solo una parte de la dura y cruda realidad que vivimos en el país, es gravísimo», indicó una defensora que trabajó en organizaciones en defensa de la niñez y la adolescencia y pidió no ser citada por temor a represalias.
Mujeres desprotegidas por el Estado
Además de las 130 asambleas, en las que según Vanegas participaron 15,300 madres de familia y líderes mujeres; la Policía junto a oficiales de las Comisarías de la Mujer realizaron 15,150 «visitas casa a casa» a 19,820 mujeres, en las que se recibió 15 denuncias, de estas, siete por delitos y ocho por causas penales; y capturaron a siete de los agresores.
Vanegas aseveró que remitieron a 15 mujeres a las instituciones gubernamentales, seis al Ministerio de la Familia (MiFam), tres al Ministerio de la Mujer (Minim), cinco al Ministerio de Salud (Minsa) y una a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Activistas y feministas denuncian que hoy más que nunca las mujeres están desprotegidas. En lo que va del año ya se registran cinco femicidios, tres en el interior y dos en el exterior, según datos del Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); y el 2023 cerró con 74 crímenes de odio contra las mujeres: 52 en el interior del país y 22 en el extranjero.
Una integrante del Observatorio Voces de CDD cuestionó que además de «apresar a los agresores, el Estado debe hacer cumplir con lo que establece la ley, porque si no para qué sirve que los capturen si después los liberan bajo beneficio de convivencia familiar y esos agresores llegan a buscar venganza».
La defensora recordó que seis de los 52 crímenes contra las mujeres ocurridos en 2023 fueron por hombres indultados y a eso se suman los tres femicidios registrados en lo que va del año, específicamente en Managua.
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«Dos crímenes fueron cometidos por dos hombres indultados, esta es la respuesta del beneficio que están dando tanto a criminales, femicidas, delincuentes, violadores y los que corren peligro son las mujeres y familias que han denunciado al agresor o asesino», refirió.
El comisionado Vanegas indicó que impartió 4,189 charlas a madres de familia acompañadas con sus núcleos familiares, y 609 conversatorios en todo el país con mujeres y jóvenes, una medida que ha sido repudiada por defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
La socióloga y feminista, María Teresa Blandón, en declaraciones recientes a LA PRENSA apuntó que la violencia machista «no se resuelve visitando a las madres, hermanas, hijas, abuelas, todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia, a quienes deberían visitar y sancionar (es) a los agresores, a quienes tienen que darle charla es a los agresores, y a quienes tienen que sancionar es a los agresores conforme a la ley».
