Veintiocho años de prisión está pidiendo la Fiscalía para un hombre y dos mujeres declarados culpables de tres delitos por su involucramiento en una estafa a 15 tarjetahabientes por un millón 195,250 córdobas y 569,523 dólares.
Los inculpados son: Marcelo Alexander Blandón, de 24 años y apodado el Colombiano; Sonia Isabel Sotelo Arróliga, de 42 años y Sheyla Janina Ríos Somoza, de 21 años, empleada del banco Ficohsa en Managua.
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Una vez que los tres reos fueron declarados culpables por el juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón, la Fiscalía pidió las largas condenas para cada reo.
Desglose de la petición
La representación del Ministerio Público pidió que Marcelo Blandón, Sonia Sotelo y Sheyla Ríos sean condenados a 12 años de prisión por lavado de dinero, nueve por fraude informático y siete por crimen organizado para totalizar 28 años.
Mientras que los abogados defensores solicitaron al juez Félix Salmerón las penas mínimas para cada uno de sus representados.
Por fraude informático solicitaron tres años de prisión, cinco años por lavado de dinero e igual pena por crimen organizado, para totalizar 13 años.
En septiembre del 2023, por estos hechos se declaró culpable Gustavo Adolfo Barrios Downs, de 30 años, y para quien el órgano pidió sea condenado a 11 años de cárcel por fraude informático y crimen organizado.
Hechos probados
A criterio del juez Félix Salmerón, la Fiscalía demostró en el juicio que los tres inculpados, al igual que Gustavo Barrios, integraban una banda delictiva dedicada a la sustracción de dinero de los tarjetahabientes.
Para la ejecución de la estafa fue determinante la información brindada por Sheyla Ríos a los otros inculpados, porque con la misma ofrecieron préstamos a las víctimas a través de llamadas telefónicas y redes sociales con la condición de entregar sus tarjetas bancarias a un motociclista que llegaría a sus domicilios, según la acusación fiscal.
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Pero los abogados defensores alegaron de manera infructuosa que la Fiscalía no demostró la culpabilidad de sus clientes, porque los delitos imputados «no les fueron probados».
En el juicio varios de los afectados al brindar sus testimonios expresaron que los bancos no se estaban haciendo responsables por el dinero que les fue sustraído de sus tarjetas de crédito o débito.
