La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) insta al régimen de Daniel Ortega a adoptar medidas para un “retorno seguro” de los nicaragüenses en el exterior y que se ponga fin a las acciones represivas en contra de la Iglesia católica.
La oficina por medio de un comunicado insta “al Gobierno de Nicaragua a seguir este gesto con acciones (excarcelaciones) que garanticen el pleno respeto a la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos humanos en el país”, demanda.
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Esa solicitud debe acompañarse, según la ONU, de “medidas necesarias para un entorno seguro y propicio que permita que todas las personas, colectivos y comunidades religiosas puedan expresarse libremente sin miedo a represalias”.
El domingo 14 de enero de 2014, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó el destierro de 19 religiosos. La lista incluye al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, detenido desde agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel.
La oficina en su comunicado afirma que acogen “con alivio” la excarcelación de los religiosos.
“Debido a las condiciones inhumanas en que se encontraba el obispo Rolando Álvarez y las desapariciones forzadas a las que se había sometido a varias de las 19 personas, poniendo en peligro sus vidas e integridad la Oacnudh se alegra por su liberación y porque se encuentran finalmente fuera de peligro», expresó.
Garantizar derechos
Sin embargo, rechaza el destierro como castigo político aplicado por el régimen contra los religiosos que han criticado y denunciado los abusos cometidos contra los nicaragüenses.
La Oacnudh declara que “es fundamental recordar que la detención y expulsión de individuos por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de religión y a la libertad de expresión son una violación de los principios fundamentales de los derechos humanos, tal como están consagrados en los Artículos 18 y 19 tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”.
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Además, sostiene que el silenciamiento de la Iglesia católica, las personas defensoras de derechos humanos, la sociedad civil y de cualquier voz que sea sospechosa de ser crítica es incompatible con la construcción de una sociedad justa y una convivencia pacífica tan anhelada por los nicaragüenses.
