Desde el 2018, la persecución política y el hostigamiento en Nicaragua a opositores y/o disidentes y críticos al gobierno de los Ortega Murillo se ha evidenciado en las múltiples detenciones arbitrarias, por razones políticas, a los que se les ha acusado entre otras cosas, por delitos considerados “traición a la patria”. Entre los perseguidos y detenidos se encuentran estudiantes, maestros, académicos, exministros y exviceministros, exembajadores y hasta campesinos que nunca habían estado en la capital. También la persecución abarcó a miembros de la comunidad LGBTIQ, exjudiciales, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y sacerdotes e incluso laicos. En este sentido, monseñor Rolando Álvarez fue detenido en agosto del 2022 y sentenciado el 10 de febrero de este año a 26 años de cárcel bajo cargos de traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato ante su negativa a ser desterrado.
En la mayoría de las detenciones hubo evidencia de violencia física, incomunicación con sus familiares de hasta 90 días, se les negaron los principios, derechos y garantías básicos que integran el debido proceso penal, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser presentado ante una autoridad judicial competente, el derecho a conocer los cargos por los cuales se les acusan, el derecho a la contradicción de las pruebas de cargo, el derecho a no ser objeto de torturas y otros tratos crueles, inhumanos, o degradantes de su dignidad personal, el derecho a la comunicación con un familiar o abogado, el derecho a abstenerse de declarar, y a no declararse culpable.
De esta manera, se realizaron audiencias sin el conocimiento del detenido y sin que pudieran acceder a un defensor de oficio. Estos detenidos fueron sometidos a interrogatorios extenuantes, o incluso fueron víctimas de tortura blanca a fin de mermar sus capacidades psíquicas y sensoriales. En este mismo orden de ideas, existen testimonios de exreos de conciencia que recibieron sentencia a través de una llamada telefónica lo que claramente evidencia la ausencia del debido proceso y la distorsión y el quebrantamiento de la justicia en su máxima expresión.
En el caso de prisioneros de la tercera edad o con padecimientos crónicos en su mayoría, fueron privados de atención médica especializada e incluso se les privo de las dosis adecuadas de medicamentos requeridos. Con esto, el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanas (Calidh) a través de su informe Crímenes de Lesa Humanidad y Responsabilidad Penal 30 medidas de Justicia Transicional logró establecer un patrón consistente con un terrorismo de Estado.
El 9 de febrero de este año, fueron liberados 222 prisioneros políticos incluidos 5 sacerdotes los que fueron acusados no solo de traidores a la patria, sino que además se les desterró hacia Estados Unidos lo que de por sí es incoherente puesto que al ser expulsados del país, sufrieron una especie de “indulto”, de esta manera, no deberían recibir otra condena.
Se les inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos de elección popular, y se les suspendieron sus derechos ciudadanos de por vida. Además, se les privo del derecho inherente a la persona humana como lo es la nacionalidad. Aunque la Asamblea Nacional haya modificado de manera “expedita” el Artículo 21 de la Constitución Política que se refiere a la nacionalidad de las personas, estas no pueden ser privadas de ese derecho ya que se es nacional desde que nace hasta que muere. En este sentido, ni la Constitución o mucho menos una ley posterior (improcedente), pueden privarles de ese derecho humano, aunque, de hecho, se les impone una carga moral. Otro efecto jurídico de la supresión de la nacionalidad es que violentaba a la familia y específicamente a los hijos.
Otro acto antijurídico y arbitrario contra estos desterrados se produjo al día siguiente, con la cancelación de cédulas de identidad y la supresión de las partidas de nacimiento en el registro civil nicaragüense. Seguido a esto, se produjo la confiscación de los bienes de estos desterrados.
El 15 de febrero de este mismo año, el gobierno Ortega Murillo despojó a otros 94 nicaragüenses entre los que se encuentran escritores, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta religiosos. Acusados de traición a la patria se les despojó de sus bienes y propiedades; además, se les declaró prófugos de la justicia.
Es necesario destacar que las detenciones han seguido ocurriendo en Nicaragua y las confiscaciones no solo han afectado a los desterrados sino también a sus familiares. Según el informe publicado por Calidh: Cuerpos desgastados por la represión, salud y exilio de los nicaragüenses; los exiliados padecen problemas de salud a causa de la represión Ortega-Murillo, siendo que el deterioro de su salud se debe en gran medida al estrés postraumático y a la ambivalencia emocional provocada por el exilio. El Estado siguiendo el patrón de castigo que pretende torturar de manera continuada en el tiempo y en el espacio a los opositores, a través del Instituto de Seguridad Social (NSS) revictimizó una vez más a los adultos mayores, al despojarlos de sus pensiones privándolos de esta manera de los recursos necesarios para su subsistencia en países ajenos para la mayoría.
Esto claramente evidencia un patrón de persecución y de hostigamiento sistemático el cual ha trascendido las fronteras nicaragüenses por lo que la CIDH estableció que “Nicaragua es hoy el ejemplo más duro y más difícil de lo que implica el respeto de los derechos humanos”.
- La autora es abogada, defensora de derechos humanos, exdocente. Encargada de promoción de derechos e incidencia de Calidh
