La audiencia final donde el juez iba a decidir si la periodista nicaragüense Josselin Nazareth Montes González, originaria de Chinandega —quien se encuentra desde el 18 de abril pasado bajo custodia en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, Florida— iba a ser deportada o no de Estados Unidos a Nicaragua y que estaba programada para el 12 de diciembre, fue reprogramada para febrero del 2024.
Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos-USA, dijo a LA PRENSA que el fiscal solicitó la reprogramación de la audiencia un día antes de la fecha reprogramada y que le notificaron a los abogados el propio día de la audiencia.
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«Yo hablé con el abogado y me dijo que el fiscal había solicitado reprogramación horas antes de la audiencia, argumentando que había fallecido un familiar, pero como le dije que en la Fiscalía hay un equipo y si no puede ir el fiscal, ponen a un sustituto y asiste, lo mismo sucedió en un par de reprogramaciones que el fiscal iba de vacaciones, pensamos nosotros que hay una mala intención de la Fiscalía de agotar a Josselin», manifestó.
Josselin «está emocionalmente afectada»
Montes cumplirá este 18 de diciembre ocho meses de estar retenida en el Centro de Transición de Broward y de acuerdo con Cuevas, «ella ya está emocionalmente afectada, porque ya va a cumplir ocho meses de estar metida ahí y cada vez que va a ser la audiencia la reprograman».
El defensor de derechos humanos aseguró que en el caso de Montes «hay suficientes pruebas de que su vida corre riesgo si regresa a Nicaragua, reconocidos opositores dieron testimonio sobre ella, y los abogados hicieron lo suyo, y nosotros como organización de derechos humanos hicimos un informe».
Recordó que tras el plantón que realizaron en las afueras de las oficinas de la congresista María Elvira Salazar hablaron con el asistente quien les dio un par de recomendaciones, y que en las próximas semanas irán a visitar a funcionarios estadounidenses que les sugirieron.
«Vamos a seguir haciendo diligencias, queremos incidir, queremos que la Fiscalía no siga utilizando tácticas dilatorias para forzar que ella se canse y firme la deportación voluntaria. Vamos a buscar a congresistas de la zona para ver si hacen diligencias. Nosotros pensábamos que ella pasara Navidad con su familia, pero con estas reprogramaciones podría provocar más cansancio en ella para que firme la deportación», indicó Cuevas.
Hostigamiento la llevó a migrar
Día y noche la casa de Montes era asediada por los sandinistas, lo que la llevó a salir de su municipio y cambiar de ubicación en estos últimos cinco años. Pero, al no resistir más esta situación, que implicaba no poder trabajar ni exponerse en público, decidió emigrar este año a Estados Unidos, y como miles de ciudadanos, entró de manera irregular por la frontera de México.
Sin embargo, contó que su caso tomó un proceso distinto al de la mayoría, porque ella había tenido una visa de turista en el pasado, que fue cancelada en 2016.
Montes dijo a este Diario que tras pasar por su primera audiencia con los agentes de Migración, le explicaron que no podía quedarse en Estados Unidos. Aunque la dejaron fuera del sistema de detención migratoria, la soltaron con un grillete en el tobillo derecho, para monitorear su ubicación y con la advertencia de deportación.
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Montes tenía visa de turista antes de 2018. En 2016, ella viajó a Estados Unidos por dos meses para conocer el país, pero cuando iba a tomar su vuelo para regresar a Nicaragua, su visa fue cancelada sin mayores explicaciones.
Ella asegura que no se pasó del período de seis meses que podía estar en Estados Unidos como turista y además el documento tenía una vigencia de 10 años. El período de su visa se hubiese vencido el próximo año (2024). “Me hicieron una cancelación de visa que yo no sabía que para ellos eso es una deportación”, dijo Montes.
