Por qué el orteguismo es el mayor perdedor en la decisión de no comprar boletos a agencias de viaje

Este es el golpe financiero que resentirán las agencias de viajes que se beneficiaban con la compra de boletos aéreos del Estado, pero también el Gobierno perderá. Esto dicen las fuentes

La nueva medida anunciada por el régimen Ortega Murillo saca de competencia a las agencias de viaje que vendían, con facilidades de pago, boletos aéreos a las entidades gubernamentales. Cada año el Presupuesto General de la República destina millones para estas compras, en 2024 están previstos 73.97 millones de córdobas y según documento que circuló en las redes sociales, la vocera oficial y vicegobernante Rosario Murillo ordenó que para ahorrar recursos, ahora solo se comprarán los boletos indispensables, aprobados por la Presidencia y no a las agencias de viaje, sino en línea.

Las instituciones que más recursos destinan a la compra de boletos aéreos para el exterior son el Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con más de 10 millones de córdobas cada uno. (Ver infografía abajo).

Murillo hizo el anuncio el 12 de diciembre y para ratificar su decisión, al día siguiente los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Adición a la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que avala la compra de boletos aéreos internacionales a través de las plataformas digitales.

Murillo ordena y luego parlamento aprueba

Esta nueva norma entró en vigencia al momento de su publicación en cualquier medio de comunicación escrito o digital. Y con su entrada en vigencia se ratifica la orden de Murillo de comprar solo en línea y de solicitar antes de la compra, la autorización de la Presidencia. Según los diputados, la decisión se tomó porque las plataformas digitales venden boletos entre tres y cinco veces más baratos que las agencias de viaje.

El documento enviado por Murillo a todas las instituciones gubernamentales, alcaldías e incluso otros poderes del Estado dice que «a partir de la fecha (12 de diciembre), por instrucciones expresas del presidente de la República, todas las Instituciones del Estado nicaragüense y las Alcaldías, si tienen necesidad de comprar boletos aéreos, dejarán de usar agencias de viaje y harán compras en línea de los boletos indispensables».

El nuevo mecanismo de compra de boletos aéreos, según Murillo, lo ordenó Daniel Ortega para ahorrar recursos que redirigirán a programas y proyectos de atención al pueblo. «Esta instrucción aplica, a partir de la fecha, con todo el rigor de la autoridad de los ministros que no permitirán ninguna alteración que afecte los intereses de las familias nicaragüenses».

Lea también: Asamblea Nacional aprueba la creación de una “Comisión de verificación de proveedores del Estado”

Sacan del juego a las agencias de viaje

El documento fechado 12 de diciembre también menciona que la reforma a la ley concerniente a estos temas ya había sido aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta el 12 de diciembre recibieron la iniciativa de Ley de Adición a la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público que avala las compras en plataformas digitales en la Asamblea Nacional y la aprobaron al día siguiente con trámite de urgencia.

Lo que la nueva ley no deja claro es si las plataformas digitales deberán contar con el Certificado de Verificación de Proveedor del Estado que emitirá la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado, que funcionará como un órgano auxiliar de la Asamblea Nacional. Esta comisión se creará por mandato de la Ley de Adiciones a la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua y a la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que los diputados aprobaron el lunes 11 de diciembre. Tampoco se aclara si entregarán tarjetas de crédito o débito a las instituciones para realizar estas compras, o si la condición de aprobación de la Presidencia incluye que sea esta entidad quien los adquiera.

La ley que crea la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado entrará en vigencia noventa días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Y a partir de su entrada en vigencia, el poder legislativo determinará quién puede ser proveedor del Estado y municipal. Es decir, que los hacedores de leyes ahora fiscalizarán las compras públicas por montos superiores a los 500 mil córdobas.

Puede leer también: Ortega mete al Presupuesto 2023 el dinero que generó la asfixia fiscal a las empresas

Presupuesto 2024

Institución / Montos en millones de córdobasCompra de pasajes aéreosViáticos para el exterior
1Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación12.875.46
2Ministerio de Relaciones Exteriores12.3110.96
3Corte Suprema de Justicia (CSJ)10.441.84
4Ejército de Nicaragua9.1813.17
5Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur)6.262.59
6Ministerio de Salud (Minsa)5.011.86
7Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)2.012.06
8Ministerio de Economía Familiar (Mefcca)1.900.300
9Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific)1.721.34
10Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)1.491.65
11Ministerio de Educación (Mined)1.480.095
12Dirección General de Ingresos (DGI)1.452.250
13Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria1.411.98
14Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)1.150.765
15Ministerio de Gobernación (Migob)1.010.832
16Presidencia de la República0.9381.29
17Asamblea Nacional0.6730.188
18Otros2.622.52
 TOTAL73.9751.18
Fuente: Presupuesto General de la República 2024.

Agencias reciben pago en un mes

Pero la nueva ley también incluye las adquisiciones municipales ya que la Ley de Adiciones a La Ley No. 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, aprobada el 13 de diciembre, ordena que los proveedores municipales deberán presentar Certificado de Verificación de Proveedor del Estado que emitirá la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado.

Se teme que la medida saque del juego a las empresas cuyos dueños no sean afines al régimen, empezando por las agencias de viaje; y que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, se impongan los criterios políticos sobre los técnicos para elegir a los proveedores del Estado.

Y es que efectivamente, en la mayoría de las entidades públicas las compras de boletos superan los 500 mil córdobas. Por ejemplo, en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) está registrado un contrato por 6.07 millones de córdobas que firmó en octubre pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un procedimiento de contratación simplificada, con la empresa Turismo e Inversiones Diversas Sky SA para que le abastezca durante un año de boletos aéreos internacionales.

Puede leer también: Ortega llena el BCN y los bancos comerciales con casi C$80 mil millones guardados

Agencias no ganan por venta individual

En el contrato la empresa se compromete, entre otras cosas, a que la vendedora a cargo del contrato esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, para atender solicitudes de emergencia y solucionar eventuales contratiempos en las reservas de pasajes, servicios contratados o cambios de último momento. Otros de los compromisos son: garantizar las mejores tarifas, asumir cargos adicionales generados por negligencia de la agencia, enviar inmediatamente boletos electrónicos cuando se soliciten, y contribuir al máximo a reducir penalidades.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores o cancillería se compromete a pagar de forma parcial los boletos emitidos cuando estos sean recibidos a entera satisfacción. Los pagos se realizarán contra entrega de una serie de informes y facturas en un plazo de 30 días contados a partir de la entrega de la solicitud de pago. El contrato también establece que aunque la vigencia es de un año, puede ser rescindido por interés público y/o por mutuo acuerdo.

Dirigentes del sector empresarial, que por temor a represalias solicitan anonimato, no encuentran la forma en que este nuevo mecanismo le va generar ahorro al Estado, ya que las agencias de viaje no tienen margen de ganancia con cada boleto, sino planes de incentivo con las líneas aéreas que en realidad dependen de sus ventas anuales.

Aerolíneas no brindarán tantas concesiones

«Las agencias ganan una tontera con el service charge, unos 20 dólares… y el impacto en las ventas de las agencias sería de un 30 por ciento aproximadamente. La competencia para ellas será muy dura, especialmente para las que no son IATA, por lo que no descarto que un buen porcentaje tendrá que cerrar», dice una empresaria del sector.

La IATA es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y se encarga de regular a nivel mundial el funcionamiento de las agencias de viaje con relación a las líneas aéreas. Las agencias de viaje que le vendían boletos a las instituciones del Estado debían estar inscritas como proveedoras del Estado; trámite que ahora tendrían que cumplir las líneas aéreas.

Por su parte, otro dirigente empresarial que también solicita omitir su nombre, coincide en que difícilmente las líneas aéreas y peor aún las plataformas digitales, brindarán todas las concesiones y facilidades de pago que otorgaban las agencias de viaje. Además, considera que la disposición va en contra de las agencias de viaje y creará un precedente en el negocio. Tampoco cree que la medida pretenda controlar los viajes de los funcionarios públicos, porque eso ya lo tienen más que controlado.

Además, en el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría (Sigfa) que está automatizado desde la época del presidente Enrique Bolaños (q.e.p.d.) se pueden hacer compras y realizar pagos a los proveedores del Estado.

En el Sigfa se puede comprar en línea

Al economista Juan Sebastián Chamorro, por su parte, le queda la duda si las aerolíneas o plataformas digitales que venden boletos se tienen que inscribir como proveedoras del Estado y tramitar el Certificado de Verificación de Proveedor del Estado que emitirá la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado de la Asamblea Nacional, o si únicamente requerirán del aval de Daniel Ortega, que también controlará la entrega de viáticos a los funcionarios que viajen al exterior.

«Como he indicado antes, todos los gastos de hotel y bolsillo deben ser remitidos aquí y autorizados por Presidencia. En estricto e inmediato cumplimiento y solo los boletos y gastos indispensables, y autorizados por Presidencia», dice en memorándum enviado por Murillo a todas las entidades públicas, entes descentralizados, poderes del Estado y Alcaldías.

En el Presupuesto de 2024 hay 51.18 millones de córdobas destinados a la entrega de viáticos al exterior y las entidades que más recursos destinan a esta partida son cancillería, Ejército y el Intur. Las nuevas disposiciones cubren a todos los poderes del Estados y municipalidades y deberán contar con el aval de la Presidencia de la República.

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí