La Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), en respuesta a consulta enviada por LA PRENSA, aseguró que brindó atención médica a la indígena nicaragüense miskita Carmelita Erdiana Julio Peachy, de 61 años de edad, quien falleció en su vivienda en Limón, Costa Rica, el pasado 30 de noviembre.
“La paciente que registra con el nombre de Carmelina Erdiana Julio Peachy fue atendida en nuestro centro médico en el Servicio de Urgencias el día 18 de noviembre del presente año. Se le realizaron los estudios pertinentes para determinar las causas de su consulta y recibió la terapéutica indicada por parte de los médicos tratantes”, indica la respuesta emitida por el doctor Daver Vidal, director médico del Hospital Doctor Tony Facio de Limón, enviada por la CCSS.
Además, señalan que Julio Peachy permaneció “en observación durante dos días y según los registros en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), se anota que la paciente el día 20 de noviembre fue retirada del servicio de emergencias por un familiar que la acompañaba, sin que mediara autorización ni comunicación al personal médico de turno”.
También aseguraron que la paciente «al retirarse por su voluntad, no medió recomendación ni seguimiento de su caso al no tener una indicación médica de salida» y que desde esa fecha «desconocemos el paradero de la paciente».
La Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) denunció el 1 de diciembre pasado que la muerte de Julio Peachy ocurrió tras la negación de atención médica en el Hospital Doctor Tony Facio, de Limón.
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Asidehu en su comunicado apuntó que la indígena que solicitó refugio el 15 de septiembre de 2023, por no tener documentos migratorios costarricenses, “se le negó constantemente la atención médica por parte del Hospital Dr. Tony Facio Castro”, ubicado en la provincia de Limón, donde ella estaba viviendo tras el desplazamiento forzado de su territorio en el municipio Laguna de Perlas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
Agregaron que a finales de noviembre, Julio Peachy “enfermó de dolores de cabeza, se le opacaron sus ojos, tenía dolor en sus huesos y se le inflamaron las extremidades inferiores”, lo que la llevó a buscar atención médica, pero “ningún centro aceptó atenderla sin documentos migratorios y mucho menos sin seguro médico”.
Asidehu denuncia negligencia
LA PRENSA consultó a Asidehu sobre la información enviada por la CCSS y la Asociación resaltó que ellos también recibieron respuesta de la Caja, la cual aseguraron «contrasta con la versión que nosotros manejamos de la denuncia interpuesta por la familia».
«Nuestra institución da por creída toda respuesta de la CCSS referente a la atención, siempre y cuando quede bajo registro oficial, pues hay muchas ocasiones que dicen ‘sí le atendimos’, cuando es falso y ni siquiera consta en los registros. Además, mencionar que sabemos de la versión de la CCSS, que fue atendida el 20 de noviembre, sin embargo, el hecho denunciado es que a ella se le negó el acceso en los últimos cuatro días que estuvo enferma del 27 al 30 de noviembre pasado y que cuando lo tuvo, se le dio una atención muy negligente», explicó el presidente de Asidehu, Jhoswel Antonio Martínez, en un mensaje enviado a LA PRENSA.
Además detalló que a Carmelina Erdiana Julio Peachy —en la segunda ocasión que llegó en busca de atención médica— «la llevaron chineada entre dos personas adultas (pues no tenía fuerzas para moverse por sí misma), le negaron la atención durante un buen rato, y que de tanto rogar, le dijeron que solo le darían suero y que luego se fuera, porque no tenía documentos ni seguro, le pusieron el suero y la enviaron a casa. Aunque la hayan atendido anteriormente, ellos tenían la obligación de atenderla en el momento que fue llevada».
Martínez apuntó que «actualmente» se encuentran en «un proceso de investigación sobre el caso, esto junto a diferentes autoridades tanto estatales como no estatales, entre ellas Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) y el Gobierno».
También, mencionó que Asideh, junto a Voces Diversas de Sacuanjoche (Avodis) y Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (Ridhe), el 12 de diciembre sostuvieron una «reunión con el comisionado de Inclusión Social de la Casa Presidencial de Costa Rica, quien citó a las autoridades migratorias y autoridades de la CCSS», pero estos últimos «no asistiendo porque ‘no querían’, pues se pretendía abordar la temática de negligencia y falta de atención de la CCSS a personas migrantes, siendo la consecuencia más reciente la muerte de Carmelita Erdiana Julio Peachy, pero considerando que la situación es general, así como temáticas migratorias de acceso a documentos».
Adelantó que en dicha reunión con las autoridades del Gobierno de Costa Rica «se llegaron a varios acuerdos y se agendó un próximo encuentro a enero del 2024 para dar seguimientos a estos y volver a citar a la CCSS».
«Desde el Comisionado, que representa a la Casa Presidencial, expresaron su extrema preocupación por los hechos y están interesados en investigar el caso a profundidad», apuntó el presidente de Asidehu.
Martínez remarcó que la reunión con el Comisionado Inclusión Social de Casa Presidencial de Costa Rica se dio «gracias a la gestión de Avodis» y que en esta, aunque no aparece en la fotografía compartida, también participó Kary José, secretario de Avodis.
Hospital pierde responsabilidad sobre un paciente que se retira
Ana Quirós, feminista, defensora de derechos humanos y experta en temas de salud, al ser consultada sobre la respuesta enviada por la CCSS, resaltó que al ser retirada la paciente del hospital, “sin que mediara autorización ni comunicación al personal médico de turno”, como lo informa la CCSS, primeramente es claro que “no la estaban observando con detenimiento”.
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“Es claro que hizo falta el contacto con el personal de salud. No sabemos exactamente las condiciones en las que sale o la sacan del hospital, según lo que aparece reportado. En todo caso, ella o su familiar, debieron firmar un acta donde deslindaban de toda responsabilidad al hospital por irse sin recibir el alta. No hay claridad en lo que reporta el hospital de que ella haya salido por voluntad ni que la persona que la sacó tenía la autoridad para retirarla del hospital, es una irregularidad que el hospital debió identificar desde un primer momento”, apuntó.
Además, consideró que el hospital “debió dar algún tipo de seguimiento a la situación, ya sea en el lugar que reportó como su vivienda, principalmente, porque la tenían en observación y en teoría, de acuerdo a lo que reportan los familiares, ella estaba en una situación delicada”.
«No se puede hablar que hubo atención de calidad, pero tampoco se puede decir que es responsabilidad del hospital el que la señora haya muerto en su casa. No puede decirse que es responsabilidad del hospital porque ellos en ningún momento le dan de alta o le dicen que se vaya a su casa. Hay poca atención por parte del hospital al no haber dado seguimiento, pero una vez que un paciente abandona el hospital lo hace por su propia cuenta o de sus familiares. Esto es una deficiencia por parte de las normativas, pero esa es lo que procede, pero el personal del hospital debió exigir la firma por parte del familiar o la propia persona enferma, liberándolos de la responsabilidad al abandonar el hospital», insistió.
