La indígena nicaragüense miskita Carmelita Erdiana Julio Peachy, desplazada de su territorio por la violencia y la invasión de los colonos en las comunidades indígenas, murió el pasado 30 de noviembre en Costa Rica por falta de atención médica, denunció la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu).
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Asidehu informó en un comunicado que Carmelita Julio, de 61 años, había solicitado refugio desde el 15 de septiembre pasado y por no tener documentos migratorios costarricenses «se le negó constantemente la atención médica por parte del Hospital Dr. Tony Facio Castro», ubicado en la provincia de Limón, donde ella estaba viviendo tras el desplazamiento forzado de su territorio en el municipio Laguna de Perlas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
A finales de noviembre, Julio Peachy «enfermó de dolores de cabeza, se le opacaron sus ojos, tenía dolor en sus huesos y se le inflamaron las extremidades inferiores», lo que la llevó a buscar atención médica, pero según la denuncia de Asidehu, «ningún centro aceptó atenderla sin documentos migratorios y mucho menos sin seguro médico».
«Quienes estuvieron con ella hasta su último respiro mencionan que hicieron todo lo posible porque fuese atendida en una unidad de salud pública, pero que no la aceptaban sin los requisitos, enviándola a casa a morir», detalla Asidehu en un comunicado.
Asidehu también explicó que en Costa Rica los emigrantes no pueden trabajar sin antes haber formalizado su estatus migratorio, por eso Carmelita Julio no tenía trabajo formal. Esta situación hizo que la indígena pasara «hambre y penuria tras su desplazamiento a Costa Rica», manifiesta Asidehu. Los procesos migratorios son tardados en Costa Rica, porque solo permiten la tramitación de 70 casos al día.
Antes de su muerte, Carmelita Julio estaba viviendo en una finca en Bananito-Limón, de provincia de Limón, donde una conocida la había recibido y le consiguió trabajo provisional a cambio de techo y alimento, detalla también el comunicado.
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La Asidehu expresó su preocupación por el desenlace de Carmelita Julio, asegurando que esta «es una de las múltiples situaciones de las que se da seguimiento en relación con temas de vulneración de la salud y derechos humanos de la población migrante» y se teme que estos hechos sigan sucediendo y dejando consecuencias tan graves como la de esta indígena nicaragüense.
La organización de derechos humanos se está haciendo cargo de mandar los restos de Julio a Nicaragua y hacer el proceso de denuncia ante Migración, donde hicieron la solicitud de una «cita urgente».
LA PRENSA solicitó información a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sobre el trámite que corresponde por la muerte de Carmelita Julio, debido a que le fue negada la atención médica en ese país. La Caja contestó que procedían «en este momento al trámite de su consulta». Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no habían contestado.
Desconocimiento sobre los derechos
La feminista y defensora de derechos humanos, Ana Quirós, aseguró que en Costa Rica «las personas mayores de 58 años tienen prioridad en los trámites migratorios» y también dijo que «si alguien llega con alguna emergencia a una unidad de salud, la persona debe ser atendida y después se ve lo de sus papeles o lo del cobro».
«En cada unidad de salud, existe una instancia de contraloría de servicios. Las personas que no se sientan satisfechas con la atención o tengan algún problema, pueden recurrir a esa oficina y la respuesta es generalmente inmediata», manifestó la defensora de derechos humanos.
Quirós manifestó que existe desconocimiento sobre los derechos que tienen que exigir los migrantes.
«Creo que acá hay otras cosas que se están mezclando, como la falta de conocimiento sobre los trámites, sobre las organizaciones que apoyan a los exiliados, entre otros», valoró Quirós.
Quirós dijo que ella personalmente ha acompañado a varios exiliados y generalmente les dan cita para el día siguiente o a lo sumo dos o tres días, para ser atendidos.
¿Qué hacen las organizaciones políticas para ayudar a los migrantes nicas?
Ana Quirós manifestó que en Cosa Roca también «existe una red de personal de salud nicaragüense y de organizaciones que trabajan con exiliados y migrantes, que brindan servicios médicos o refieren a otros lugares donde lo pueden hacer».
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La también defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, presidenta del Instituto Las Segovias para el Liderazgo y la Transformación Social, y miembro de la organización opositora Espacio de Diálogo, enumeró una serie de gestiones, cartas enviadas y solicitudes a altos representantes de las Naciones Unidas (ONU) en cada oportunidad y viaje para denunciar la situación de Nicaragua, planteando la gravedad de la migración nicaragüense.
«Como Instituto Las Segovias para el Liderazgo y la Transformación Social y como espacio Espacio de Diálogo, nosotros enviamos una carta al Gobierno de Costa Rica cuando se hicieron los cambios administrativos a las medidas que agravaron la situación migratoria de los nicaragüenses en Costa Rica», dijo la activista por los DD. HH.
También refirió que hicieron una carta en red junto con una organización con sede en Europa, donde de igual manera señalaron la situación de la migración en Costa Rica.
Recientemente en el mes de julio que estuvo en Bruselas, Castillo dijo que habló con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos que atiende la región.
«Le explicamos la gravedad de la situación y que necesitábamos que la Oficina del Alto Comisionado se pronunciara y enviara comunicación a los Estados de destino de la migración y el exilio forzado de Nicaragua, pidiéndoles un trato especial para los y las nicaragüenses. Lo mismo volvimos a plantear en Ginebra donde nos volvimos a reunir con altos representantes de la Oficina del Alto Comisionado y quiero decir que tuvimos una reunión con el embajador permanente de la Unión Europea de Costa Rica, planteándole esta situación también», agregó Castillo.
La opositora y ex presa política desterrada, Tamara Dávila, vocera del espacio de opositores Monteverde, manifestó que como grupo organizado se reúnen con los distintos gabinetes de gobiernos, encargados de cada área y ministerios, para incidir sobre sus políticas en materia de acceso a derechos para migrantes.
Organizaciones dispersas
El presidente de Asidehu, Jhoswel Antonio Martínez, manifestó que aunque hay varias organizaciones políticas que hablan en representación de los nicaragüenses migrantes, son pocas las que realmente hacen gestiones para incidir en el cumplimiento de los derechos humanos de los grupos más vulnerables como son los indígenas.
«Las estructuras de oposición desde que se asentaron en Costa Rica se han dispersado mucho y cada una ha tomado un papel en el país, desde ser estructuras de incidencia para Nicaragua en temas de política partidaria o de gobernanza transicional (con aspiraciones de poder, por ejemplo: Monteverde, UNAB, Alianza Cívica, Congreso de Nicaragüenses y movimientos estudiantiles), hasta estructuras políticas que se dedican a protestar y denunciar por el tema de Nicaragua en diferentes espacios y crear pequeñas redes de apoyo para ayudar a nicaragüenses organizados en Costa Rica, algunas de estas fueron por ejemplo Juntos Somos un Volcán, Unión de Exiliados Nicaragüenses (UEN), Movimiento Campesino, etcétera», manifestó Martínez.
